Sonia Ruiz, defensora de la moción aprobada por unanimidad, afirma que "es necesario unificarlo y actualizarlo para que aborde materias como los usos sociales vinculados a las nuevas tecnologías”

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la que se solicita la revisión, actualización y difusión del protocolo referido a la atención del maltrato infantil desde el ámbito educativo.

Sonia Ruiz, promotora de la moción, ha afirmado que “la protección de la infancia y la adolescencia y el interés superior del menor justifica esta iniciativa”, y ha explicado que “el propósito es unificar las guías de actuación en los ámbitos social y educativo, ya que actualmente existen manuales para su uso en colegios e institutos y un protocolo de hace once años”, por lo que “consideramos necesario actualizarlo para que aborde materias como los usos sociales vinculados a las nuevas tecnologías”.

La diputada popular ha hecho referencia en concreto al uso del móvil entre los menores, que “cada vez se produce de manera más precoz”, y a prácticas como “el grooming (engaño pederasta), el sexting (enviar fotos, vídeos o mensajes de contenido sexual y erótico personal) o el dating violence (violencia en el noviazgo), de las que menores de edad son frecuentemente víctimas”.

Ruiz ha señalado además que “la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de octubre de 2019, incide en la importancia de la optimización de protocolos escolares de detección de abusos sexuales a menores en situaciones en que los padres no suelen conocer los hechos”, y ha recordado que el ponente del fallo, Magro Servet, ha declarado que estos protocolos son “una herramienta sumamente eficaz y cuya mayor y mejor implantación se verifica en los centros escolares, que es donde los menores víctimas de delitos sexuales cuentan a sus amigos esas situaciones de abuso a las que se les somete, algo que en casa se niegan a hacer por miedo o vergüenza”.

“Los menores víctimas de abusos sexuales suelen guardar silencio por el miedo a las represalias y aceptan la victimización hasta que los hechos son detectados por responsables de un centro escolar, o por denuncias de amigos o amigos de la víctimas ante sus propios profesores”, ha apuntado Sonia Ruiz citando de nuevo la sentencia del Tribunal Supremo, “lo que demuestra la necesidad de que los colegios e institutos implanten protocolos de detección de abusos sexuales a menores”, ha concluido.