La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, tras reunirse con distintos colectivos del ámbito de la Transparencia y el Buen Gobierno, defendió la regulación del futuro Estatuto del Alto Cargo, en el que uno de los artículos prevé la elaboración de un informe sobre la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato.

Se trata de un documento comparativo entre la declaración inicial de nombramiento y la declaración de cese, similar al establecido en el Estatuto del Alto Cargo de la Administración General del Estado y que elaboraría la Oficina de Buen Gobierno.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es fijar los requisitos de idoneidad, formación, experiencia adecuada y honorabilidad para acceder a puestos de responsabilidad pública, en similares términos a los previstos en la legislación estatal. "Sería oportuno, además, plantear la eliminación de los tratamientos de 'excelentísimo' e 'ilustrísimo' previstos en la normativa actual para los altos cargos", destacó Ballesteros.

De igual modo, se estima conveniente, en materia de Transparencia, establecer obligaciones de publicidad activa, no previstas en la legislación actual, como las relativas a regalos y obsequios que reciben los altos cargos; elaborar un listado con los principales contratistas de la CARM; publicar las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras; o las interpelaciones, mociones y preguntas de control realizadas al Gobierno, así como las respuestas facilitadas por el mismo.

También se considera necesario reflejar en la citada ley una obligación para "incluir" toda la información relevante relacionada con la conservación y recuperación del Mar Menor y sobre las actuaciones realizadas para ello.

Ballesteros señaló que "la normativa debe ser un texto de vanguardia que identifique a los ciudadanos con una forma de gobernar abierta, transparente, de rendición de cuentas, y que incorpore mecanismos de garantía de integridad pública".