El aumento imparable de los lanzamientos derivados del alquiler, que representan ya casi siete de cada diez según los datos publicados por el CGPJ, hace imprescindible para la asociación una regulación de las subidas de precios en las zonas urbanas.

ADICAE considera imprescindible la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, responsable de que en el primer trimestre del año se hayan producido más de 10.000 lanzamientos. La asociación considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda.

Si se tienen en cuenta únicamente los lanzamientos derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa la primera posición (2.335, el 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y la Comunidad Valenciana (1.254).

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826); la Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).

“Estas cifras expresan por un lado un problema social, un número creciente de desahucios derivados de la imposibilidad de hacer frente a los pagos del alquiler. Pero sobre todo hay una cuestión de fondo que expresa el absoluto desbocamiento de un mercado del alquiler inmerso en una creciente burbuja que es todavía más preocupante”,  explica Fernando Herrero, secretario General de Adicae.

Resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario. Mientras esto no sucede, es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, ADICAE propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, que representan todavía el 25%, las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.