Ciudadanos ha denunciado hoy la “relación directa entre los órganos de contratación y valoración de Aguas de Lorca, especialmente su gerente, y una de las empresas que concurren a estos procedimientos y que finalmente resulta adjudicataria”. Así lo ha señalado el portavoz del grupo municipal naranja, Antonio Meca, quien considera que esta relación “provoca que los contratos de Aguas de Lorca acaben amañándose para favorecer a esta empresa, que pertenece al mismo grupo empresarial, la que posee el 49% de las acciones de Aguas de Lorca y que a su vez impone a su gerente”.
Meca hace un símil práctico: “Es como si en una oposición estuviera en el tribunal el padre o el hermano de uno de los opositores”. Y ha puesto un ejemplo a través de la contratación por Aguas de Lorca de los servicios de ´Limpieza, inspección y transporte de residuos de la red de saneamiento, EBAR y EDAR´. A tal concurso se ha presentado la mercantil en una UTE con otra empresa, a la que se ha adjudicado este contrato teniendo una oferta económica más cara que la otra mercantil que ha concursado. El gerente rechaza criterios objetivos de ofertas económicas más ventajosas con argumentos subjetivos.
“Consideramos esta situación incompatible con la transparencia y la igualdad de oportunidades para conseguir la mejor oferta al mejor precio respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. La ética aconseja no participar en procesos de selección cuando se tienen intereses directos con los concursantes” ha añadido el concejal, quien recuerda que el propio pliego de condiciones administrativas, en su punto 7, hace referencia a esta eventualidad: “En ningún caso podrán concurrir a las licitaciones los empresarios que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de los contratos, siempre que esta participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponga un trato privilegiado con respecto al resto de licitadores”
Meca considera que siguiendo el espíritu de este punto, “es evidente que tanto el órgano de contratación como el de valoración tienen una relación directa con una de las empresas que concurre, situación que consideramos determinante para que no se cumplan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.