El PP ha consolidado en este curso 2017-18 los recortes en las Ayudas al Estudio para los alumnos de niveles obligatorios.
Los recortes operan de dos maneras: por un lado se establece un umbral de renta no superable que dejará fuera de la convocatoria al 75% del alumnado becado antes de los recortes. La reducción paulatina del umbral de renta máximo ha sido el mecanismo que el PP ha utilizado para aplicar recortes presupuestarios en una tema tan sensible y necesario como las ayudas para la adquisición de libros y material escolar cuyo gasto llega a alcanzar entre los 300 y 400 euros por alumno.
Desde nuestra formación denunciamos también que la Consejería de Martínez-Cachá exige a las familias que optan a beca ganar un 50% menos que en el curso 2009-2010, como se demuestra en el PDF adjunto. Estos umbrales de renta contrastan con los del propio Ministerio para su ámbito de competencia, que los dobla y aún se alejan más de otras comunidades que no han desmantelado su sistema de protección social e incluso ofrecen libros y material escolar gratuito para todo el alumnado en la etapa escolar obligatoria.
El segundo instrumento de consolidación de los recortes es la reducción progresiva del presupuesto dedicado a estas ayudas de libros. El esfuerzo que desde el aparato publicitario de la Consejería se hace para tapar la realidad de los datos. Así, hace unos días oíamos al presidente López Miras mezclar cifras y sumar a los beneficiarios de becas de comedor y de libros mientras cantaba las virtudes de una deducción en el IRPF cuya cuantía total nadie puede confirmar. Sin embargo la realidad que recoge el BORM es que la cuantía que la CARM destina en esta convocatoria para ayudas en libros se sitúa en un mínimo histórico. Exactamente 3.119.493 euros, una cifra que está por debajo incluso de los peores años de recortes.
Advertimos que esto puede suponer que incluso queden fuera de las ayudas quienes cumplan los restrictivos requisitos de los umbrales de renta. Todo ello convierte al sistema murciano en uno de los más restrictivos e injustos del estado, lo que hace que las familias murcianas tengan menos posibilidades de percibir dichas ayudas.