El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de seis convenios de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y distintas federaciones para subvencionar por un importe global de 3.667.000 euros las actividades y servicios para las personas con discapacidad.

Tres de los acuerdos aprobados hoy por el Ejecutivo se refieren a la Atención Temprana, que se suscribirán con Plena Inclusión, la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad Murciana (Fadis) y la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fasen).

El principal objetivo de los programas de Atención Temprana es atender a los menores que presentan trastornos en su desarrollo siguiendo un modelo que considere los aspectos psicosociales y potencie su capacidad de desarrollo para posibilitar su integración posterior en el medio familiar y social, así como su autonomía personal.

El convenio con la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual-Plena Inclusión Región de Murcia, asciende a 1.913.000 euros, destinados al mantenimiento del Servicio de Atención Temprana de esta Federación.

Las personas que se pueden acoger a los servicios información, orientación, formación y apoyos, en su caso, son menores de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o permanentes, originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerlo.

A esta misma Federación, Plena Inclusión, también se le ha otorgado otra subvención, por importe de 230.000 euros, destinada a promoción de la autonomía de las personas con discapacidad en alojamientos en vivienda tutelada rotatoria.

La financiación para Fadis es de 44.000 euros, que se destinarán a sus actividades en los centros de desarrollo infantil y atención temprana de las asociaciones Aspajunide y Aidemar.

El tercer convenio que se refiere a Atención Temprana se suscribirá con Fasen. Su importe asciende a 563.000 euros y servirá para subvencionar las actuaciones con menores de seis años en sus asociaciones Apanda y Aspanpal.

Por otra parte, se ha aprobado un convenio por importe de 82.600 euros entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, para la atención a personas con discapacidad auditiva, y destinado a la prestación de sus actividades y servicios.

Por último, se ha dado el visto bueno a un convenio con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física u Orgánica (Famdif), con un importe de más de 435.000 euros, destinado a atender a las personas integradas en las asociaciones Fibrosis Quística, Tocaos del ala, Auxilia, Adaer, Amfiju, Amdem, Adfa, Amupheb, Crecer, Adfy y Asociación de Hemofilia.

Ayudas a familias en riesgo de exclusión social para pagar el alquiler de sus viviendas

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la renovación de sendos convenios entre la Consejería de Presidencia y Fomento con las asociaciones sin ánimo de lucro Cáritas Diócesis de Cartagena y Asociación Columbares, para ayudar a las familias con escasos recursos económicos a pagar el alquiler de sus viviendas.

Esta línea de ayudas del Gobierno regional tiene un presupuesto global de 65.000 euros y contribuirá a que las familias en riesgo de exclusión social puedan acceder y permanecer en una vivienda en régimen de alquiler.

Es una medida que evita la pérdida de la vivienda habitual de personas con dificultades económicas y que son derivadas por estas organizaciones sin ánimo de lucro, como consecuencia de procedimientos de desahucios.

Se concederán subvenciones para el pago de los alquileres de viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de la familia, cuyos ingresos anuales sean inferiores a 6.390 euros, con los que no pueden atender el pago del alquiler o la hipoteca de su domicilio habitual, o que se encuentren en situación de exclusión social.

Las personas beneficiarias se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo una familia numerosa y monoparental con dos o más hijos, tener algún miembro en situación de desempleo, con discapacidad superior al 33 por ciento, víctima de violencia de género, persona procedente de actuación de erradicación del chabolismo y personas extranjeras en situación irregular.

Estos convenios incluyen la mediación ante el riesgo de una situación de desahucio. Para ello, el Gobierno regional, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, se compromete a orientar, informar y asesorar sobre las consecuencias derivadas del impago del crédito hipotecario o del alquiler, así como apoyar y acompañar a las familias en su interlocución con las entidades financieras, tratando de lograr acuerdos negociados.