Óscar Urralburu, portavoz en la Asamblea Regional, tras reunirse con representantes sindicales de la administración pública regional, ha afirmado que la falta de carrera profesional en la función pública provoca que los trabajadores de la administración "tengan como única manera de mejorar sus condiciones el caer bien en las redes clientelares del PP o al director general de turno". Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos, desarrollará un texto parecido al aprobado en la Comunidad Valenciana, para presentarlo en la Cámara.
Urralburu se ha reunido este martes con representantes de la sección sindical en la función pública de Comisiones Obreras. Tras el encuentro ha señalado que hay un "empeoramiento en las condiciones de los trabajadores de la Administración, como el SMS, en Educación o dentro de la propia función pública" y para evitar la "toxicidad que se produce en estos entornos laborales" se debe legislar para que se den "requisitos justos de acceso a la carrera profesional, se mejoren las condiciones para la negociación colectiva y se garantice la prevención de la salud laboral".
Ejemplo de esta situación son los agentes medioambientales. El portavoz de Podemos en la Asamblea ha recordado que la consejera de Medio Ambiente se comprometió en la Cámara en el mes de julio a crear una brigada de nueve agentes medioambientales "para el control de la contaminación en el Mar Menor". Martínez-Cachá, ha añadido Urralburu, "ha faltado a su palabra y además, deja a estos agentes en una situación muy precaria. La plantilla envejece, no realizan sustituciones ni tienen funciones definidas, incluso les quitan las atribuciones propias. Sufren falta de recursos materiales y económicos".
Esta es una manera, ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, "de desregular la protección del medio ambiente y abrir la puerta a que haya más desmanes como los del Mar Menor. Por tanto, nos comprometemos a trabajar para que sus funciones y condiciones laborales estén regulados por ley".
Asimismo, Óscar Urralburu ha asegurado que el ICREF, la entidad pública de Crédito, "vive una situación similar". Como ha explicado Urralburu, no está sujeto al derecho público administrativo ni a los protocolos de control que se les exigen al resto de Administraciones públicas y a los organismos autónomos.
Por ello, como ha subrayado el portavoz de Podemos en la Asamblea, "hay una irregularidad en la manera en la que está constituido. Como instituto de crédito oficial de la Administración debería regirse por el derecho público y controlado desde el ámbito parlamentario. Lo que exigimos desde Podemos camina en esta dirección, en que el ICREF se convierta por ley en organismo público para garantizar tanto sus funciones como la protección laboral de sus trabajadores".