La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 de diciembre de 2016, supuso un verdadero varapalo para el criterio del Tribunal Supremo, auspiciado luego por el propio Gobierno de España: rechazó frontalmente la limitación de la retroactividad de las cláusulas suelo, declaradas nulas, obligando a la devolución total de las cantidades pagadas de más por la aplicación indebida de dicha cláusula. Se enmienda así el criterio del TS, y del propio Gobierno, que alentaba una devolución parcial desde mayo de 2013, fecha en que el TS se pronunció por primera vez al respecto, y no desde la firma inicial del préstamo hipotecario. Este criterio, sustentado por el deseo de proteger el orden público económico, atentaba frontalmente contra dos principios claros de nuestro derecho: quién comete un abuso no puede beneficiarse de él, y la nulidad tiene efectos desde que se suscribe la cláusula que se declara nula, siendo preceptiva la devolución total de las cantidades pagadas en virtud a esa cláusula nula.
Unión Progreso y Democracia celebra que la sentencia del TJUE suponga un verdadero tirón de orejas al concierto político, jurídico y económico urdido para preservar los intereses de la banca a costa de tantos consumidores que tan drásticamente han sufrido las consecuencias económicas de la aplicación de las cláusulas suelo. Sin embargo, Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección de UPYD y adjunto al Área de Programa y Acción Política, recuerda que "estas cláusulas abusivas han provocado que mucha gente se haya quedado sin sus casas y en la calle".
"No podemos olvidar que las altas instancias judiciales europeas han funcionado gracias a las diversas cuestiones prejudiciales planteadas por magistrados españoles heroicos y responsables, que no han permanecido impasibles ante el abuso perpetrado. Aún así, es sintomático e indicador de una profunda degradación institucional que el Gobierno haya obrado en la sombra, y a veces explícitamente, para condicionar el criterio europeo y poder salvar la cara a la banca tras los abusos cometidos", valora Del Valle. En democracias sanas y de calidad, añade, "la justicia no está en manos de los héroes que alzan la voz contra los abusos, sino de unas instituciones suficientemente trasparentes y fiscalizadoras que bloquean y proscriben la mera posibilidad de que esos abusos se produzcan".
Como ha ocurrido con productos tóxicos como las preferentes, o con la fraudulenta salida a bolsa de Bankia, toca estar alerta ante las alternativas arbitrales o extrajudiciales que el Gobierno esté diseñando. "La experiencia inmediata nos demuestra que tales soluciones siempre aparecen perfectamente diseñadas a medida de los intereses bancarios, y de espaldas a los consumidores. El Real Decreto-ley que está en marcha, por las informaciones que nos llegan, tiene toda la apariencia de ser una nueva chapuza a favor de los poderosos. Sería verdaderamente intolerable", alerta el dirigente de UPYD.
En un Estado de derecho consolidado y digno de tal nombre, UPYD aboga por que la ley sea igual para todos y que las resoluciones judiciales se lleguen a ejecutar. Los magentas citan las preferentes y acciones Bankia como ejemplos de que los bancos trataron y en muchas ocasiones consiguieron ahorrarse intereses y costas, en perjuicio de los propios afectados.
UPYD también denuncia la postura de algunos partidos políticos que argumentan que las demandas judiciales que podrían derivarse a raíz de la Sentencia del TJUE "colapsarían" los juzgados y tribunales. "Preocupación que nunca tuvieron ante los cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que se acumulan en los juzgados y que determinaron que tanta gente fuera desahuciada de sus casas. Preocupación que tampoco mostraron cuando promovieron numerosos recortes sociales, también en la justicia, con una carencia tan notoria de medios y personal", afirma Del Valle.
En definitiva, UPYD considera inadmisible permitir que la resolución de un abuso, jurídico y ético, sea la recompensa encubierta al causante de ese abuso. Para solucionarlo, propugna el respeto a la ley, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la independencia de los organismos reguladores con un cometido fiscalizador.