El objetivo es proteger a las empresas regladas de la competencia desleal y reforzar la imagen de la Región como destino de calidad
El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, presentó hoy el Plan de Inspección de Turismo de la Región de Murcia 2016, enfocado a luchar contra el turismo clandestino y la competencia desleal.
Hernández indicó que se trata de "un plan reforzado respecto al del ejercicio anterior y tiene como objetivo prioritario combatir la economía sumergida del sector para evitar la competencia desleal a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones".
El plan incluye actuaciones destinadas a regularizar los alojamientos clandestinos o servicios turísticos que operan al margen de la ley y que generan intrusismo profesional, como apartamentos, hoteles, campings, casas rurales, agencias de viajes o acampadas ilegales. Hernández matizó que "no existe ningún afán recaudatorio en esta iniciativa, sino que ha sido creada para proteger a aquellos que trabajan bajo el marco legal y para asegurar que todos juegan con las mismas reglas".
Explicó que los servicios turísticos que no están operando dentro de la legalidad, tendrán un plazo de 15 días para solicitar su regularización. Solo se abrirán expedientes sancionadores tras agotarse una primera fase de asesoramiento destinada a la regularización.
Como novedades incluidas en el plan de 2016, la Consejería ha duplicado el número de efectivos destinado a la inspección, "lo que permitirá incrementar un 40 por ciento las visitas de control y seguimiento", señaló Hernández. De este modo, se prevé pasar de las 638 visitas de 2015 y los casi 2.000 alojamientos controlados a más de 900 en 2016 y 2.700 alojamientos controlados.
El titular de Turismo también comunicó que se van a modernizar los procedimientos y los programas informáticos de inspección, "ya que la tecnología tiene un papel importante en el sector". Los inspectores rastrearán la red en busca de las ofertas turísticas no regladas o basadas en el modelo de intercambio P2P (Peer to Peer), que puedan suponer una competencia desleal para el tejido empresarial de la Región y para la proyección de su imagen como destino turístico de calidad. "Para consolidar la Región como destino de calidad, sus alojamientos y sus empresarios también deben serlo", indicó.
Respecto a las zonas de actuación, el consejero de Turismo subrayó que si bien los alojamientos o servicios turísticos no reglados afectan a toda la Región, existen zonas que lo sufren de manera especial, como la costa. Por ello, dentro del plan se han establecido zonas de actuación preferentes como las proximidades de campos de golf, el entorno del Mar Menor y La Manga y otras zonas de costa como Mazarrón y Águilas.
Para Hernández, "la puesta en marcha de este plan tendrá como efecto una mayor contribución socio-económica, tanto por la generación de riqueza como de empleo estable, una línea prioritaria para el Ejecutivo regional". Ejemplo de ello, afirmó, es que el valor añadido que aporta a la economía el alojamiento alegal es un 84,2 por ciento inferior en lo que respecta a la renta y un 500 por ciento inferior en empleo en comparación con las fórmulas regladas.
Actuaciones contra la clandestinidad
Entre las actuaciones que se van a potenciar este año, destaca el rastreo por Internet, el análisis de campañas publicitarias y la puesta en marcha de una campaña específica de información y concienciación para cada una de las tipologías de alojamientos.
Un 52 por ciento de los usuarios de este tipo de alojamiento alegal afirma que la motivación principal que les hace disfrutar del servicio es su bajo precio, así que "se va a trabajar para poner en valor la calidad", detalló el consejero de Turismo.
Asimismo, se han programado reuniones con los ayuntamientos, con quienes se colaborará para que pongan en marcha acciones de lucha contra la clandestinidad en sus respectivos municipios.
Hernández recordó que ya se ha comenzado la ronda de reuniones con distintos ayuntamientos de la costa para analizar cómo reforzar los dispositivos de control. Como ejemplo de buenas prácticas se expuso el caso de San Javier, que llevó a cabo junto con la Policía Local y con el apoyo de la Dirección General de Tráfico una campaña informativa en cinco idiomas para las autocaravanas acampadas ilegalmente. También se estableció un registro de vehículos que habían sido informados por la Policía Local, siendo motivo de sanción la conducta reincidente. "Estas medidas consiguieron controlar la situación en el municipio, reduciendo las incidencias de forma muy significativa", confirmó.
En 2015, de los cerca de 2.000 controles realizados, se abrieron 132 expedientes de los cuales se sancionaron 19. Siete de ellos, hoteles, tres agencias de viaje, tres pensiones, cinco particulares de acampada ilegal y un camping.