El Ejecutivo regional ha dado el visto bueno al Decreto que regula el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2014-2016, que engloba la gestión y los procedimientos de concesión de las ayudas públicas determinadas en el Plan de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, dotado con más de 58 millones de euros.

El nuevo Decreto da respuesta a la necesidad de fomentar diferentes iniciativas destinadas a impulsar la conservación, accesibilidad y eficiencia energética y poner en valor el parque inmobiliario; así como reactivar el sector fomentando las actuaciones de rehabilitación y, con ello, la generación de empleo y la reactivación económica en general.

De este modo, su principal finalidad es establecer unos procedimientos en materia de concesión de las ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad, fijados en bases reguladoras y convocatorias.

Así, la nueva normativa prevé la aplicación del programa de ayudas de fomento de la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas y el impulso de ciudades sostenibles y competitivas, así como facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con medios económicos escasos.

En cuanto a vivienda, el texto establece la definición de vivienda protegida, que se asimila y unifica a las de protección oficial, para promover el acceso por parte de los sectores con menores posibilidades económicas.

Por tanto, se fija que será vivienda protegida aquella de nueva construcción que sea calificada para venta, alquiler o uso propio, aplicando la normativa que rige para viviendas de protección oficial y resto de normativa vigente. Además, debe cumplir el resto de requisitos establecidos en lo relativo a las condiciones de ingresos familiares de los destinatarios, superficies y precios máximos de venta y renta, y se destine a domicilio habitual y permanente del adquirente, adjudicatario o promotor para uso propio e inquilino.

Asimismo, y en atención a la situación socioeconómica actual, se establecen medidas para apoyar a aquellas familias que, pese a ser beneficiarios de ayudas para el acceso a viviendas protegidas de planes anteriores, no cuentan con capacidad económica para seguir abonando los préstamos hipotecarios que constituyeron.

En este sentido, se contempla la exención de devolución de ayudas con cargo a los presupuestos regionales en los casos de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo mediante procedimientos de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial. También se eximirá en caso de que se modifiquen las condiciones de los préstamos por actuaciones al amparo del Decreto Ley6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección a Deudores Hipotecarios sin Recursos.

El texto es fruto del consenso, acuerdo y colaboración de la Administración central y regional con todos los agentes implicados en el sector. Entre ellos figuran la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, la Asociación de Promotores Inmobiliarios, la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, los colegios profesionales (Notarial, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitectos, Registradores de la Propiedad, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Administradores de Fincas), las asociaciones de consumidores UCE, THADER y CONSUMUR, así como el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) y la Federación de Municipios de la Región.