Para la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, el reciente anuncio hecho por el Gobierno sobre su intención de rescatar una decena de autopistas de peaje quebradas o en riesgo de quiebra, asumiendo aproximadamente la mitad de la deuda que éstas mantienen con la banca (BBVA, Santander, Bankia Caixabank y Sabadell, entre otras),sería un grave error que se pagaría por toda la ciudadanía.

El total de esta operación nos costaría a los contribuyentes un importe de, aproximadamente, 2.400 millones de euros, sobre la deuda total de casi 5.000 millones de euros que éstas acumulan.

El plan de recate que negocian con bancos, constructoras y empresas concesionarias, contemplaría una serie de acciones mediante la emisión, y posterior venta, de bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%, para intentar evitar el rescate total de estas vías, lo que implicaría una aportación aún mayor de la prevista. Es decir, este primer rescate del 50% no implica que en un futuro el Estado tenga que volver a salir en rescate de los intereses privados de constructoras y bancos, mientras se anuncian nuevos recortes en servicios públicos y el aumento de copagos.

CONSUMUR muestra su rechazo al rescate del Estado de la autopista Cartagena Vera, cuya construcción supuso unos graves impactos ambientales y ha sido demostrada su insostenibilidad.

La Organización ya advirtió en su día, al igual que otras organizaciones sociales y ambientales, de la inviabilidad de esta infraestructura, que acabaría, como así ha sido,en una infrautilización y una falta evidente de rentabilidad para la empresa concesionaria.

Una alternativa más sostenible, ambiental y socialmente, hubiera sido la ampliación y mejora de la N-332, que se mantiene en pésimas condiciones, sin apenas inversiones, lo que supone un peligro para la seguridad vial.

Así mismo, CONSUMUR solicita que se liberen los peajes de todas estas vías, para que, en el caso de la AP-7,ésta se convierta en la vía de comunicación que una los municipios de Águilas y Mazarrón, para disfrute de sus ciudadanos y para la promoción turística de ambos enclaves.

La Organización entiende que no ha de ser destinado más dinero público a salvar situaciones privadas, mientras miles de personas en la Región de Murcia y en nuestro país no pueden hacer frente a sus pagos diarios, siendo privados de bienes básicos y elementales para la vida como el agua, la electricidad o el gas.