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IU-Verdes carga contra la "ley turística a medida" del PP y denuncia abandono del patrimonio y precariedad laboral en la Región de Murcia

Álvarez-Castellanos cuestiona el modelo turístico regional durante las comparecencias de Carmen Ayala y José Catalá en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo: "sin inversión del Gobierno de López Miras, sin equilibrio territorial y con trabajadores en condiciones indignas"

Cartagena, lunes 11 de mayo de 2026.- La tramitación del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico en la Región de Murcia ha servido este lunes como escenario de una intensa jornada de comparecencias en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, donde comparecieron Carmen Ayala, presidenta de Alianza por el Turismo, y José Catalá Sanjuan, presidente de Hostetur, en el marco de las audiencias legislativas del proyecto de ley.

Durante la reunión de la comisión, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha desplegado una intervención especialmente crítica, poniendo en cuestión tanto la orientación del modelo turístico del Gobierno regional como la falta de respaldo presupuestario real a la estrategia anunciada.

Álvarez-Castellanos ha recordado que el propio Plan Estratégico de Turismo 2022 de la Región de Murcia sitúa el turismo cultural como eje central, pero ha denunciado que esa prioridad "no se corresponde con la realidad presupuestaria".

Según expuso, la inversión en patrimonio cultural habría descendido progresivamente en los últimos años, situándose en torno a los 3 millones de euros en 2025, una cifra que calificó de "insuficiente e irrisoria" ante el deterioro de numerosos bienes históricos.

"El patrimonio se cae a trozos mientras se anuncian estrategias a diez años", vino a resumir el diputado, cuestionando además la falta de planes directores de recuperación que permitan convertir esos recursos en verdaderos polos de atracción turística.

El diputado de IU-Verdes también ha puesto el foco en la brecha entre el turismo de interior y el turismo global de la Región de Murcia, señalando que el primero apenas alcanza "en torno al 15 % de los visitantes y de las pernoctaciones"..

En este sentido, advirtió de que la nueva figura de "bienes de interés turístico" podría quedarse en un reconocimiento meramente simbólico si no va acompañada de financiación, promoción institucional y apoyo técnico suficiente.

Además, alertó de un posible efecto perverso: que los ayuntamientos pequeños, sin medios para mantener los recursos declarados, acaben viendo deteriorada su imagen si esos bienes pierden valor o protección.

Tras la intervención del presidente de Hostetur, Álvarez-Castellanos fue más allá al advertir de que la norma podría estar diseñada "a medida de los municipios ya consolidados turísticamente", favoreciendo a los grandes destinos frente a los pequeños municipios del interior.

"Sin medidas correctoras, esta ley puede agravar la brecha territorial", señaló, denunciando la ausencia de una política clara de reequilibrio entre zonas con alta afluencia turística y aquellas con potencial aún sin desarrollar.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la crítica a la situación laboral en el sector hostelero, al que definió como "sostén invisible" del modelo turístico regional.

El diputado denunció que la Región de Murcia ha estado 14 años sin renovar el convenio colectivo del sector, lo que redunda en la situación de precariedad laboral y fuga de trabajadores hacia otras comunidades.

"¿Cómo hablamos de excelencia turística si quienes la sostienen trabajan en condiciones indignas?", cuestionó, llegando a plantear que las condiciones laborales deberían ser consideradas también un "bien de interés turístico".

Las intervenciones del parlamentario de izquierdas dejan en evidencia el choque de modelos en torno al turismo regional: uno basado en la promoción institucional de nuevos reconocimientos turísticos, y otro que exige la izquierda, basada en más inversión, equilibrio territorial y dignificación del trabajo.

Para Álvarez-Castellanos, la clave está en que "sin financiación, sin planificación y sin derechos laborales, cualquier ley turística corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones vacía".

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