La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique denuncia que "Valcárcel y su gobierno, con la nueva Proposición de Ley presentada ayer por el Partido Popular en la Asamblea, van a impedir que las familias sigan atendiendo a sus dependientes en sus casas". Las duras condiciones impuestas en el texto de dicha Proposición de ley plantean que solamente se podrá acceder a las ayudas económicas en el entorno familiar, si no hubiera plazas públicas o "privadas" en residencias o centros de día. "De esta forma, el Gobierno regional obligará a salir de sus casas y romper la unidad familiar a la mayoría de dependientes si quieren acceder a las ayudas".

Esto afectará a todas las familias que tengan solicitadas la prestación en el entorno familiar y no tengan todavía reconocido el derecho a esa ayuda, así como a todos los nuevos dependientes que se incorporen al sistema.

Injusticias

Teresa Rosique señaló que "esta Proposición de Ley es tremendamente injusta" y puso varios ejemplos. "En el caso de un matrimonio en el que uno de los dos cónyuges sea dependiente, les obligará a separarse si hay una plaza residencial disponible, aunque no sea su deseo, si quieren percibir las ayudas de la Ley de Dependencia".

La nueva ley solo concederá la ayuda económica a los cuidadores que ya vivían como mínimo un año antes de la solicitud en el mismo domicilio del dependiente.

Lo mismo ocurrirá en las familias donde conviva un dependiente y un discapacitado si el familiar que sea su cuidador no vive en ese domicilio no tendrá derecho a las ayudas. La diputada advierte que "esto agravará la situación de muchas familias".

La Proposición de Ley también estipula que para acceder a esta ayuda, el cuidador familiar no trabaje más de 4 horas al día fuera del domicilio o que tampoco cobre subsidio de desempleo. Además, obligará a los cuidadores a someterse a un examen para conocer su capacidad física, psíquica e intelectual.

La diputada socialista reprochó "esta disparatada decisión", a la vez que manifestó "que a este tipo de exámenes quien debería someterse es el Gobierno regional, porque empezamos a dudar de que estén capacitados para gobernar esta Región y garantizar los derechos de los ciudadanos".

Otro aspecto importante es que el Gobierno regional elimina el plazo establecido en la Ley estatal de 6 meses para resolver los expedientes que solicitan acogerse a la Ley de Dependencia.

Informe de constitucionalidad

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá el próximo lunes en la Mesa de la Asamblea Regional, un informe de constitucionalidad, porque algunos aspectos de esta Proposición de Ley ya apuntan a una inconstitucionalidad manifiesta y vulneración del espíritu de la Ley de Dependencia de 2006; empeorando de manera sustancial el Real Decreto aprobado el año pasado por Mariano Rajoy, que ya supuso una importante reducción de derechos y ayudas.

Teresa Rosique aseguró que los dependientes murcianos y sus familias van a tener un trato mucho peor que los de cualquier otra comunidad autónoma; "menos derechos pese a que la Ley de Dependencia establecía derechos iguales en todos los territorios. El castigo de Valcárcel a los dependientes de su Región supera con creces al de Rajoy".

Apostilló que el PSOE "no va a consentir este atropello a las personas en situación de dependencia". De momento, ha puesto en manos de los servicios jurídicos esta Proposición de Ley para que la estudien en profundidad. "Estamos dispuestos a agotar todas las vías democráticas e institucionales que sean necesarias para la defensa de los derechos de los dependientes. Esta Proposición de Ley es una prueba más de que Valcárcel miente a los ciudadanos cuando anuncia, como hizo en el Debate del Estado de la Región, que pone recursos para los dependientes cuando ya tenía escrito el texto de la ley que cierra la puerta a miles de dependientes y a sus familias".