Un análisis de los proyectos de infraestructuras de transporte en la Región de Murcia muestra cómo no se ha aprendido de los errores del pasado: se sigue afirmando que generarán desarrollo económico y empleo en contra de lo que muestra tercamente la realidad.
Ecologistas en Acción denuncia que estas grandes obras, además de su enorme impacto ambiental, se sufragan con los fondos que recortamos en sanidad, educación, protección social o medio ambiente, y que lejos de ser beneficiosas nos empobrecen.
Ayer se presentó en Murcia el libro Infraestructuras de transporte y crisis. Grandes obras en tiempos de recortes sociales, elaborado y editado por Ecologistas en Acción. En el libro se hace un repaso a la inversión de estas grandes obras en el Estado español durante los últimos años y las consecuencias económicas de las mismas.
Desde hace décadas nos vienen repitiendo que España tiene un importante déficit de infraestructuras de transporte con relación a los países de nuestro entorno. Pero la realidad es radicalmente distinta: somos el país europeo con mayor dotación de estas infraestructuras: el que tiene más kilómetros de autovía y autopista, más kilómetros de AVE o más aeropuertos, muchos de ellos con cifras irrisorias de pasajeros.
También se viene argumentando para justificar la enorme inversión, que estas infraestructuras generan empleo y dinamización económica. Pero la realidad desmiente estas afirmaciones una y otra vez. ¿Cómo se entiende, si no, que seamos el país europeo con más infraestructuras de transporte y al mismo tiempo tengamos la peor tasa de paro europea y una de las peores situaciones económicas?
La consecuencia de estas obras de infraestructura es justo la contraria: estas inversiones sin retorno social ni económico positivo, nos empobrecen y nos endeudan cada vez más. El grupo Fomento (ministerio y empresas públicas) tiene una deuda de más de 40.000 millones de euros a causa de su política desarrollista de obra pública. Pero parece que eso no es suficiente y el año pasado pidió 3.000 millones de euros más al BEI para financiar nuevas obras de alta velocidad ferroviaria. Y eso que el pago de la deuda supone cada año una partida de más de 2.500 millones de euros.
Lo peor de todo es lo alejada que está la política de infraestructuras de las necesidades reales de la gente: España es simultáneamente el país de la UE que más invierte en estas obras en relación al PIB (a pesar de nuestra sobredotación) y el que menos recursos dedica a la atención social de la UE-15. Y sin embargo, todos los recortes se están dirigiendo precisamente a estas inversiones sociales.
Este panorama se replica en la Región de Murcia. Mientras se aplican recortes draconianos en prestaciones del bienestar, se avala con 200 millones de euros un aeropuerto que será ruinoso si se llega a inaugurar, el de Corvera. La AP-7 Cartagena-Vera está siendo sostenida con fondos públicos para evitar su ruina definitiva, porque si quiebra el Estado se tendrá que hacer cargo de los créditos pendientes de pago. Mientras el tráfico portuario sigue decayendo, el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria de Cartagena siguen empeñados en destrozar otro tramo de nuestro litoral para construir el macropuerto de El Gorguel. Mientras los datos demuestran día a día la ruina para las arcas del Estado que supone el AVE, aquí se apuesta por esa infraestructura, que saldrá mucho más cara a los usuarios, en lugar de mejorar el ferrocarril convencional, lo que reduciría mucho los tiempos de desplazamiento a un coste mucho menor.
Y uno de los ejemplos más directos de afección de infraestructuras a los presupuestos sociales es la “argucia contable” con la que se ha estado financiando la autovía del noroeste con cargo a una partida presupuestaria destinada a “Familia e instituciones sin fines de lucro”, algo denunciado por el propio Tribunal de Cuentas, pero que sin embargo no ha tenido consecuencias políticas en nuestra región.
Y todo esto se sigue haciendo a pesar de la crisis y utilizando los argumentos de siempre: datos inflados e irracionalmente optimistas en cuanto a generación de empleo, volumen de negocio y beneficio social de esta sobredotación de carísimas infraestructuras.
Pero el resultado final es siempre el mismo: golosas ganancias para unos pocos, demasiadas veces vinculados a escándalos y presuntas tramas de corrupción y tratos de favor, al tiempo que suponen una verdadera lápida presupuestaria para la ciudadanía, que a su vez sufre los recortes en derechos y prestaciones sociales, y ve seriamente limitadas sus posibilidades de futuro.