La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea en la que reclama al Gobierno de Rajoy que reponga los fondos del Plan Concertado y el Programa de Teleasistencia, como mínimo a los niveles de 2011.
Rosique señaló que estos recortes de Rajoy se suman a los del Gobierno regional en política social, que ha disminuido el dinero que envía a los ayuntamientos, pasando de 18 millones de euros en 2012 a 10 millones para 2013; "un recorte que imposibilita que las administraciones locales den respuesta a las crecientes necesidades que tienen los ciudadanos".
La parlamentaria argumenta en su moción que el riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país y el aumento del desempleo ha provocado que se incremente el número de hogares sin ningún tipo de ingresos. A esta circunstancia hay que añadir la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, de la prestación por desempleo o de las rentas mínimas de inserción.
A día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros en paro son 1.737.600; hay un millón y medio de parados que no cobran prestación y más de 300 desahucios diarios. Un 21% de la población en España vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del INE 2012, y la infancia se ha convertido en el colectivo más afectado por esta situación (en nuestro país afecta a 2 millones de niños).
Rosique indicó que la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. "La pobreza ya alcanza también a las clases medias. En nuestra Comunidad Autónoma los índices de pobreza afectan al 30% de la población y lo peor es que esta situación se está haciendo crónica", denunció.
En opinión de la diputada, "el PP no está siendo capaz de articular una respuesta ante esta realidad, al contrario, desde el momento en que el Gobierno de Rajoy tomó posesión puso en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos".
Supresión de fondos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha suprimido de los Presupuestos Generales del Estado los fondos para programas de menores infractores y para menores en situación de dificultad social y maltrato (2 millones); Plan de Acción para personas con Discapacidad (1,3 millones) y los fondos para la Teleasistencia (30 millones) .
Además de otros programas como el Plan Concertado, que ha sufrido un "brutal recorte de 30 millones de euros para 2013, lo que supone una merma del 40% respecto a 2012, que se destinaron alrededor de 50 millones, un 65% respecto del último presupuesto del Gobierno socialista (2011).
La evolución de los recortes del gobierno de Rajoy al Plan Concertado en nuestra Comunidad Autónoma ha pasado de 2.554.963 millones, en 2011 a 809.737, en 2013.
Rosique explicó que el Plan Concertado es un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Con el fin de mantener y desarrollar una Red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, el Estado cofinancia proyectos que tienen como objetivo, entre otros, consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales.
La diputada señaló que el Gobierno central ha decidido retirar del todo su aportación para financiar los servicios sociales de los ayuntamientos. "Se trata de una decisión que pone en peligro el futuro de los servicios sociales municipales en un momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un aumento grandísimo de la demanda, de la pobreza y se disparan problemas sociales como los desahucios".
Agregó que "el Gobierno de Rajoy abandona el Plan y deja en una situación muy difícil a las administraciones locales y autonómicas para sostener estos servicios básicos cuando, además, se les ha prohibido endeudarse para cumplir el objetivo de déficit".
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad y reclama al Gobierno de España que reponga los fondos del Plan Concertado y del Programa de Teleasistencia como mínimo a los niveles de 2011; además, de mantener y sostener un sistema público de servicios sociales de nivel primario, que permita atender a toda la ciudadanía.