La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, ante la remodelación y supresión de líneas de autobuses que prevé el Plan de Optimización de Recursos del Transporte elaborado por parte de la Entidad Pública del Transporte, organismo dependiente de la Comunidad Autónoma, y la empresa concesionaria Latbus, expresa su disconformidad con el contenido y modo de llevarlo a cabo.

Por un lado, abre un período de exposición pública de 15 días en agosto,  un mes prácticamente inhábil dadas las fechas netamente veraniegas en la Región de Murcia, cuyo período de alegaciones pasará prácticamente inadvertido para la mayoría de los ciudadanos.

De igual modo, Consumur advierte del grave perjuicio que se le va a producir a la mayoría de los usuarios del transporte público, dado que además de suprimir 8 líneas de autobuses, 21 más sufrirán cambios sustanciosos.

Miles son los ciudadanos que no disponen de más medios de desplazamiento que el propio servicio público de transporte y que ello supondrá un gravamen en sus economías, además de tener que enfocar de un nuevo modo, para muchos prácticamente inabordable, el medio de desplazamiento.

El planteamiento que realizan tanto la Administración regional como Latbus, supone un claro retroceso en la calidad de los servicios públicos contribuyendo, con ello, a un empobrecimiento progresivo de un medio básico de comunicación.

Consumur no niega la necesidad expresada por ambas entidades de buscar una mayor eficacia y optimización de los recursos, pero considera que el modo más fácil pero menos rentable, socialmente hablando, es la medida exclusivamente economicista de reducción y remodelación de líneas.

Por otro lado, Cosumur  muestra su disconformidad con la  probable subida de los billetes de autobús, entre un 12% para las líneas interurbanas y hasta un 40% para los billetes ordinarios en el municipio de Murcia.

En una situación de crisis económica, donde de forma permanente están subiendo los precios de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, butano y otros), añadir éstos que además se sitúan de modo desmesurado por encima del crecimiento del IPC y que sólo se puede justificar sino es para intentar cubrir el déficit económico que la propia Comunidad Autónoma tiene con la empresa concesionaria y que se trata de hacerlo a costa de los ciudadanos que, a cambio, no reciben una mejora de la atención sino que supone las mermas indicadas.

Una sociedad con una buena política de movilidad contribuye al progreso y desarrollo de la misma, pero no cabe la menor duda, que la falta de planificación y una eficaz gestión del gasto público en materia de transportes, están dando lugar al empobrecimiento de la calidad de vida de  los usuarios de estos servicios, varios millones de personas al año como así lo ponen de manifiesto los datos oficiales.