"El PP demuestra una vez más lo poco que le importan las personas". Así lo ha expresado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Teresa Rosique tras hacerse público que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que los inmigrantes sin papales paguen 710 euros anuales por la asistencia sanitaria, más de 1.800 euros si son mayores de 65 años.
"Exigimos al Gobierno del PP que deje a un lado el racismo y la xenofobia y que asegure las prestaciones sanitarias a los inmigrantes, con independencia de su situación legal, de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas", ha indicado la diputada socialista.
La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista se ha mostrado convencida de que con esta medida muchas personas quedarán sin atención sanitaria, suponiendo no sólo un atentado contra los derechos de los ciudadanos sino también contra la salud pública.
Rosique ha lamentado y condenado las declaraciones del popular Rafael Hernando. El portavoz adjunto del PP en el Congreso afirmó que los inmigrantes deberían volver a sus países, a lo que la diputada socialista ha respondido: "Parece que el Partido Popular quiere deshacerse de los inmigrantes, demostrando el sectarismo y racismo de su política. No podemos permitir que se regrese al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986. No podemos dar marcha atrás tras haber conseguido tener un sistema sanitario público y de calidad que ofrece atención sanitaria como derecho ciudadano universal".
Rosique ha argumentado que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular "supone un retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente. Además, supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos", ha denunciado.
"En nuestra Comunidad Autónoma, el Gobierno regional calcula que los inmigrantes es situación irregular son unos 33.000. Diversos estudios apuntan a que el gasto que genera la atención sanitaria a estos inmigrantes es mínimo. De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía calcula que el gasto de atención sanitaria a inmigrantes en esta situación ronda en torno al 0,68% de su gasto sanitario. Por tanto, no se justifica, ni siquiera en términos económicos, el recorte en derechos que Rajoy ha realizado con ese Real Decreto", ha apuntado Rosique.
La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado el anuncio de Comunidades Autónomas como Cataluña, País vasco, Asturias y Andalucía, que han anunciado que no retirarán la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y ha concluido informando sobre la presentación de una moción por parte del GPS en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional haga lo mismo y mantenga la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes.