La Comunidad destinó el pasado año un total de 1.201.713 euros a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de diversos programas destinados a la integración sociolaboral y para la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con dificultades especiales.
Parte de estos fondos, 335.823 euros, se destinan a dos tipos de programas, las API (Ayudas para los Programas de Inserción) y APIN (Ayudas para Programas de Inclusión de Determinados Colectivos Desfavorecidos), que permiten a las asociaciones realizar contrataciones laborales de personas en situación o riesgo de exclusión, así como ejecutar programas destinados a la mejora de su empleabilidad.
Durante 2011, una veintena de estas entidades lograron la contratación de 30 personas en riesgo de exclusión para tareas de limpieza, cuidado de mayores y personas discapacitadas, y labores de mantenimiento y jardinería, entre otras tareas. Estos contratos importaron un total de 335.823 euros.
Las ayudas para los programas de inserción e inclusión son gestionadas por la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS, y constituyen, según su responsable, Juan Castaño, "una pieza irrenunciable para la Consejería de Sanidad y Política Social, porque refuerzan la imprescindible labor social de las entidades solicitantes y benefician a un importante número de personas en riesgo de exclusión, que, sin estos programas, no tendrían acceso a una oportunidad laboral".
Mejora de la empleabilidad
El resto del dinero invertido por la Comunidad en programas de integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión, 865.890 euros, se destinaron a subvencionar a 22 entidades para la realización de Programas de Mejora de la Empleabilidad.
El objetivo de estos programas es establecer dispositivos destinados a incentivar y facilitar la integración social y laboral de los colectivos y personas más desfavorecidas de la Región, a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción, que comprenden, entre otras acciones, la atención social, formación básica y para el empleo, orientación laboral, apoyo económico, prospección en empresas y apoyo psicológico.
Los principales beneficiarios de estas medidas, unas mil personas, son jóvenes con baja o nula formación, mujeres víctimas de violencia de genero, personas drogodependientes, reclusos y exreclusos, minorías étnicas, personas en situación de desarraigo social, o cualquier otro colectivo en situación de dificultad social.
El responsable regional de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión destacó "el importante papel que desarrollan estas entidades en la lucha contra la exclusión social y la buena coordinación existente entre la Administración autonómica y las ONG que realizan estos programas, lo que nos permite garantizar el éxito de las actuaciones".