Ecologistas en Acción Región Murciana ha acudido a la vista del juicio en el que la asociación pretendía demostrar lo injustificado de la sanción que le impuso en 2009 la Autoridad Portuaria de Cartagena siendo juez y parte.

La vista ha tenido que ser aplazada para evitar la indefensión de la asociación, ya que ésta ha obtenido una de la pruebas para su defensa en el transcurso del mismo juicio. Se trata de las respuestas del Presidente de la APC, D. Adrián Ángel Viudes, contestadas por escrito, ya que declinó declarar verbalmente en el juicio.

Esta mañana se celebraba en Cartagena la vista del juicio en el que Ecologistas en Acción Región Murciana pretendía anular la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sancionaba a ocho miembros de la organización por una acción pacífica y simbólica en contra del proyecto estrella promovido por la APC. Aunque finalmente no ha podido llevarse a cabo el mismo, debido al retraso en la entrega de las declaraciones por escrito de Viudes, que declinó asistir al juicio para responder a las preguntas de los abogados que representan a los ecologistas.

La vista del juicio ha sido aplazada para el próximo martes 29 de noviembre a las 13 horas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena.

A las puertas de los Juzgados se han desplazado numerosos simpatizantes y representantes de otras organizaciones sociales y ecologistas para mostrar su apoyo a los activistas y el rechazo a la persecución por parte de las autoridades públicas a quienes se oponen de forma a sus proyectos de dudoso interés social y a menudo claro interés privado.

Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer: "sancionad@s por defender El Gorguel" y "no nos callarán".

La acción, llevada  a cabo en 2009 y por la cual se sancionaba a las ocho personas que participaron, tenía la única pretensión de ser un acto llamativo para conseguir sacar a la opinión pública los graves impactos ambientales, culturales y económicos que tendría el proyecto de Macropuerto de Contenedores de llevarse a cabo en El Gorguel. Como todas las acciones reivindicativas que realiza Ecologistas en Acción, esta se desarrolló de forma pacífica y tranquila.

Ecologistas en Acción considera que la sanción económica, absolutamente desproporcionada, parece más bien ser una represalia por la férrea oposición que el grupo ecologista ejerce contra el Macropuerto del Gorguel, proyecto estrella de la APC.

La manifiesta y pública animadversión a cualquier ecologista o valor ambiental que siente el presidente de la APC, D. Adrián Ángel Viudes, que está ampliamente recogida en declaraciones y entrevistas realizadas en diferentes medios apoya la tesis de los ecologistas. Sirva de ejemplo que se refiera a Pedro García (Director de ANSE) como "el peluca" (en alusión a su peinado), o que hable de "Gorrión africano que es una puta mierda" refiriéndose al Camachuelo Trompetero, ave considerada amenazada en la península ibérica y que está catalogada con la máxima categoría de protección que otorga la legislación europea.

Otra prueba del empeño en represaliar a los activistas a toda costa es el hecho de que se sancione en base a unos daños que no existieron y que la APC no se ha molestado ni tan siquiera en pretender acreditar o valorar mediante un peritaje.

Por último, hay que considerar lo que podría ser la prueba más evidente del especial empeño en castigar la oposición de los ecologistas al proyecto estrella que promueve la misma administración que emite la sanción. Y no es otra que la legislación en  la que se basa la Autoridad Portuaria de Cartagena, que en su empeño sancionador ha tenido que rescatar una reglamentación preconstitucional de principios del siglo pasado, que no ha sido adaptada a la nueva legislación vigente, por lo que los ecologistas consideran que no es de legal aplicación. El articulado de dicha reglamentación obsoleta es tan genérico y poco concreto que permite sancionar a cualquiera por casi cualquier cosa, ya que se alude a argumentos tan peregrinos como la "vagancia" o "faltar a la moralidad", términos que nos recuerdan conocidas leyes de oscuros tiempos pretéritos.

Los ecologistas mostraron su esperanza de que, una vez puedan exponer los motivos por los que se pide la nulidad de la resolución, el juez les dé la razón, y la APC les devuelva los casi 10.000€ de la sanción, injusta y totalmente desproporcionada por una acción pacífica, simbólica y sin consecuencias negativas salvo la difusión pública de los gravísimos impactos ambientales de una obra megalómana como es la del Macropuerto de Contenedores del Gorguel.