La diputada regional Teresa Rosique pide explicaciones en la Asamblea al consejero de Obras Públicas, José Ballesta, por el incumplimiento del acuerdo plenario en el que se recomendaba la supresión de la exigencia de fianza provisional en los contratos de obra, celebrados por el sector público regional.

Rosique denuncia que el consejero Ballesta sigue sin eliminar la fianza provisional en la contratación de obra pública, por lo que está haciendo “caso omiso a la recomendación de la Asamblea Regional y del propio Gobierno regional”, declaró.

Rosique recordó que en mayo de 2009, la Asamblea Regional, a raíz de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se pedía que el Gobierno regional eliminara la fianza provisional en la contratación de obra pública. Esta fue transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular, acordándose solicitar al Gobierno regional que estableciera una recomendación dirigida a los diversos órganos de contratación de la Comunidad Autónoma y entidades del sector público regional, no exigir garantía provisional para licitar en los contratos de obras, cualquiera que fuera el procedimiento de adjudicación de los mismos.

Con fecha 15 de mayo de 2009, el Consejo de Gobierno toma conocimiento de dicho acuerdo y encarga a la Consejería de Economía y Hacienda la realización de las actuaciones procedentes para este fin.

Consejerías como la de Sanidad y Consumo, Agricultura y Agua y Educación, Formación y Empleo han aceptado la recomendación del Parlamento autónomo y han suprimido la exigencia de fianza provisional en los contratos de las obras que están realizando.

Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas, cuyo montante en inversión de obra es muy importante dentro del Presupuesto regional, sigue haciendo caso omiso a esta recomendación y mantiene la exigencia de garantía provisional.

La diputada socialista considera que la Consejería de Ballesta está demostrando, “primero, una enorme insolidaridad con las empresas de la construcción”, en unos momentos de crisis económica, agudizada en la Región de Murcia, que está afectando de manera especial a este sector.

Por otro lado, a juicio de la diputada, “el consejero demuestra que las recomendaciones de la Asamblea Regional no existen para esta Consejería, pero además, pasa “olímpicamente de la recomendación que la propia consejera de Economía y Hacienda le hace por mandato del Consejo de Gobierno”.

De todos es conocida la grave situación por la que atraviesa el sector de la construcción, la falta de liquidez y las dificultades que están atravesando las medianas y pequeñas empresas regionales, agravada, sin duda, por la caída en un 30% de la licitación pública regional en 2008; en 2009 dejó sin sacar a contratación el 32,2% del presupuesto de inversiones de esa Consejería, a lo que hay que sumar la caída de las inversiones de esta Consejería en un 34 por ciento para 2010.

Rosique explicó que la eliminación de la garantía provisional reduciría el coste financiero de las empresas para los concursos de obra pública, ya que no tendrían que adelantar dinero, aproximadamente el 3% del importe del contrato, como garantía para poder optar a la contratación.

Esto supondría, sin duda, que más empresas, sobre todo, pequeñas y medianas, podrían optar a los concursos y se estarían utilizando nuevos instrumentos para evitar la destrucción de empleo. Además, la reducción de los trámites implicaría una reducción del gasto en tiempo y recursos de la propia Administración regional.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se denuncia “la insolidaridad del consejero Ballesta con las empresas de la construcción” y le exige que atienda la recomendación de la Asamblea Regional y la petición de la Consejería de Economía y Hacienda y elimine la exigencia la exigencia de fianza provisional en los contratos de obra, celebrados por su Consejería.