Alicante, 13 may (EFE).- Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) ha estimado que el Estado debería indemnizar con unos 10.000 millones de euros a los agricultores de Murcia, Alicante y Almería por la pérdida patrimonial que sufrirán si el Congreso de los Diputados aprueba el fin del trasvase Tajo-Segura para 2015.

Según el director de la investigación, Joaquín Melgarejo, cerca de 6.500 millones de euros tendrían que ir dirigidas a los regantes murcianos, unos 3.500 a los alicantinos y una pequeña parte a los almerienses.

A esta cantidad habría que añadir el lucro cesante agrícola (producción anual), estimado en unos 1.000 millones de euros (380 sólo en Alicante), y toda la pérdida patrimonial relativa al resto de sectores económicos del sureste peninsular, sobre todo en la industria, la construcción y el turismo.

Melgarejo ha recordado que el trasvase sirve para abastecer 127.000 hectáreas de cultivos de la cuenca del Segura, 84.000 de ellas en la Región de Murcia, 40.000 en Alicante y 3.000 en Almería, y ha afirmado que su derogación sería "nefasta".

Estos datos han sido avanzados por Melgarejo al presentar el futuro análisis jurídico y económico sobre la posible reclamación patrimonial ante el potencial cese o cambio de dotación del Tajo-Segura aunque desde una perspectiva global, encargado por la patronal alicantina (COEPA) y la Fundación Agua y Progreso.

El trabajo pretende aclarar "cuánto dinero costaría que las Cortes Generales tomaran esa decisión", que pondría fin al envío anual de hasta 600 hectómetros cúbicos anuales tanto para riego como para consumo de boca.

Además de la citada repercusión en el sector agrícola, Melgarejo ha augurado que el fin del trasvase encarecerá, por ejemplo, las facturas domésticas de consumo de agua, ya que se pasará de pagar 12 céntimos el metro cúbico a más de 60 que cuesta el mismo volumen procedente de plantas desalinizadoras. EFE