El 25 de junio de 2024, España estrenó el Real Decreto 517/2024 con grandes promesas: modernizar la regulación de drones, alinearla con Europa, e impulsar un sector que proyectaba alcanzar 51.400 drones profesionales en 2035 frente a los 4.375 activos en 2018. Seis meses después, la realidad es radicalmente diferente.

Empresas líderes en seguridad privada como Securitas, EULEN, Grupo Control y decenas de operadores especializados se encuentran atrapadas en un absurdo regulatorio sin precedentes: cualquier operación con drones en entornos urbanos sean recreativos o comerciales debe comunicarse al Ministerio del Interior con una antelación mínima de cinco días naturales, incluso para drones de menos de 250 gramos.

Esto significa que un vigilante de seguridad que quiera usar un dron para inspeccionar el perímetro de una urbanización, verificar una alarma en un polígono industrial, o supervisar un evento, debe rellenar un formulario burocrático cinco días antes, esperar respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y asumir que la autorización puede ser denegada sin recurso aparente.

LOS NÚMEROS DEL ABSURDO

Para entender la magnitud del problema, analicemos los datos:

España proyecta pasar de 4.375 drones profesionales en 2018 a más de 51..400 en 2035. Si solo el 20% de estos drones se utiliza en seguridad privada y cada uno realiza una media de 3 operaciones semanales en entornos urbanos, estamos hablando de más de 800.000 comunicaciones anuales al Ministerio del Interior cuando el sistema esté a pleno rendimiento.

Actualmente, según datos de AESA, hay más de 100.000 operadores de drones registrados en España. El sistema de comunicaciones del Ministerio del Interior no fue diseñado para gestionar este volumen.

Pero el problema va mucho más allá de la saturación administrativa. La norma es estructuralmente incompatible con la operativa real de la seguridad privada:

1. El vigilante de seguridad NO PUEDE planificar con cinco días de antelación

Grupo Control destacó que un dron puede acceder inmediatamente a zonas de difícil acceso para comprobar el estado del vallado perimetral, algo que resultaría muy complejo a pie. Pero, ¿cómo comunica con cinco días de anticipación una verificación de alarma que salta a las 3:00 AM?

La esencia del uso de drones en seguridad privada es la respuesta inmediata: alarmas, intrusiones, emergencias, verificaciones urgentes. La obligación de comunicar con cinco días de antelación convierte los drones en una herramienta inútil para la mayoría de los casos de uso real.

2. Cada vuelo requiere una comunicación individual

Cada comunicación debe ser específica para un piloto, un dron y un día concreto. Esto significa que:

Una empresa de seguridad que gestione 10 urbanizaciones necesita 10 comunicaciones diferentes aunque use el mismo dron.

Si cambia el piloto (por vacaciones, baja, rotación de turnos), hay que rellenar todo de nuevo.

Si el vuelo se cancela por mal tiempo y se pospone un día, nueva comunicación.

Si una alarma salta en una urbanización no comunicada previamente, el dron no puede utilizarse legalmente.

3. La autorización puede denegarse sin criterios claros

Las autoridades competentes podrán limitar o prohibir las operativas cuando pueda dar lugar a graves riesgos para la protección de las personas o bienes, pero la norma no establece criterios objetivos ni procedimientos de recurso claros.

Empresas de seguridad reportan casos donde comunicaciones idénticas han sido aprobadas en unas ocasiones y denegadas en otras, sin explicación aparente.

EL CASO HACIENDA DEL ÁLAMO: CUANDO LO EFICIENTE SE VUELVE ILEGAL

Grupo Control implementó en Hacienda del Álamo Hotel & SPA Golf Resort (Murcia) un sistema pionero de vigilancia con drones para una urbanización con 15 kilómetros de perímetro y 38.500 m². El sistema generaba un ahorro estimado cercano a los 11 millones de euros anuales en comparación con vigilancia tradicional.

Este es exactamente el tipo de innovación que el RD 517/2024 debería fomentar. Sin embargo, bajo la normativa actual:

Cada batida perimetral requiere comunicación previa de cinco días al Ministerio del Interior.

Si el vigilante detecta una intrusión en tiempo real mediante cámaras fijas y quiere usar el dron para seguimiento, no puede hacerlo legalmente sin haber comunicado ese vuelo específico cinco días antes.

La eficiencia operativa se destruye por completo.

El dron puede alcanzar una altura de vuelo máxima de 500 metros y acceder a todas las zonas del vallado, incluso aquellas inaccesibles en vehículo, pero la normativa actual convierte estas capacidades en papel mojado.

REGISTRO DUPLICADO: EL SINSENTIDO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El RD 517/2024 introduce otra carga burocrática kafkiana: se crea el Registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior, donde los datos de las aeronaves no tripuladas deberán quedar vinculadas en todo momento a sus propietarios.

Pero España ya tiene un registro: el de AESA. Ahora tenemos dos registros diferentes, gestionados por dos organismos diferentes, para los mismos drones.

Peor aún: se establece la obligación de comunicar la desaparición, extravío, sustracción, destrucción total, condición de inutilidad definitiva o cualquier otra circunstancia que suponga la inhabilidad de la aeronave, así como la transmisión de aeronaves.

Las empresas de seguridad que gestionan flotas de 20, 30 o 50 drones deben ahora:

Registrar cada dron en AESA

Registrar cada dron en el Ministerio del Interior

Actualizar ambos registros cada vez que hay una venta, baja, robo o traspaso

Comunicar cada vuelo urbano con cinco días de antelación

Mantener registros de vuelo actualizados

El coste administrativo es estratosférico y no aporta ningún beneficio real de seguridad que el registro de AESA no cubra ya.

LA EXENCIÓN DE SEGURO: EL REGALO ENVENENADO

Una de las supuestas "ventajas" del RD 517/2024 es la eliminación de la necesidad de seguro obligatorio para drones con peso máximo inferior a 20 kilogramos en las subcategorías A1 y A3 de la categoría abierta.

Esto suena bien en teoría, pero en la práctica crea un problema enorme para empresas de seguridad privada:

Los operadores con drones de menos de 20 kg deben cumplir con el Real Decreto 37/2001 que establece una cobertura mínima de 220.000 SDRs (Derechos Especiales de Giro), mientras que las operaciones en la subcategoría A2 y en la categoría específica aún requieren seguros que cumplan con el Reglamento 785/2004, con cobertura mínima de 750.000 SDRs para drones hasta 500kg.

El resultado: las empresas serias de seguridad privada mantienen seguros de responsabilidad civil de cualquier manera porque el riesgo reputacional y económico de un accidente sin cobertura es inaceptable. La "exención" solo beneficia a operadores recreativos, no a profesionales.

LA PARADOJA U-SPACE: TECNOLOGÍA FUTURISTA CON BUROCRACIA DEL SIGLO XIX

El RD 517/2024 introduce el marco regulatorio para U-Space, un sistema pionero en España que busca establecer un marco para la gestión y coordinación segura de drones con el tráfico aéreo existente.

U-Space promete:

Gestión automatizada del tráfico de drones

Identificación electrónica en tiempo real

Coordinación con espacio aéreo controlado

Prevención de colisiones mediante algoritmos

Es tecnología del siglo XXI... que convive con la obligación de rellenar formularios en papel (o PDF) y esperar cinco días para que un funcionario revise manualmente si puedes volar.

La contradicción es absurda: España invierte millones en infraestructura tecnológica para gestión automatizada de drones mientras mantiene procesos administrativos que parecen sacados de los años 70.

EMPRESAS ATRAPADAS: LOS TESTIMONIOS QUE NO SE PUBLICAN

He contactado con operadores de drones en seguridad privada (que prefieren permanecer anónimos por temor a represalias administrativas) y sus testimonios son demoledores:

Operador A (empresa mediana, 15 drones):

"Hemos pasado de hacer 8-10 vuelos semanales a apenas 2-3. El resto son verificaciones urgentes donde técnicamente no podemos usar el dron. Estamos considerando vender los equipos. La inversión de 45.000 euros se ha convertido en chatarra regulatoria."

Operador B (multinacional):

"Tenemos un departamento completo dedicado solo a comunicaciones al Ministerio del Interior. Calculamos que cada comunicación nos cuesta entre 45-60 minutos de trabajo administrativo. Hemos duplicado personal para gestión burocrática mientras reducimos operativa real."

Operador C (startup especializada):

"Cerramos en marzo. No podemos competir. Los clientes quieren respuesta inmediata y nosotros necesitamos cinco días de antelación. Es un modelo de negocio inviable."

ESPAÑA vs. EUROPA: LA VENTAJA COMPETITIVA PERDIDA

El Reglamento Europeo 2019/947, que España debía implementar, no obliga a comunicaciones previas al Ministerio del Interior. Esto es una peculiaridad española.

Países como Francia, Alemania, Italia o Portugal han implementado la normativa europea sin añadir esta capa burocrática adicional. El resultado:

Empresas europeas de seguridad con drones pueden operar con agilidad en sus mercados

Empresas españolas están en clara desventaja competitiva

Inversión extranjera en startups de drones en España se ha paralizado

Seis empresas españolas fueron seleccionadas por la OTAN en 2025 para programas de drones tácticos y de defensa, confirmando que España tiene capacidad industrial. Pero la regulación nacional está matando el mercado civil.

PROPUESTAS CONCRETAS: CÓMO SALIR DEL CAOS

1. Eliminación inmediata de comunicación previa para operaciones de seguridad privada certificadas

Las empresas de seguridad privada que acrediten:

Operadores certificados por AESA

Personal formado específicamente

Seguros de responsabilidad civil vigentes

Procedimientos de seguridad auditados

Deben poder operar sin comunicación previa, con un sistema de notificación posterior (en 24 horas) que permita trazabilidad sin paralizar la operativa.

2. Autorización marco anual en lugar de comunicaciones individuales

Una empresa debería poder solicitar una autorización operativa anual para zonas geográficas específicas (las urbanizaciones, polígonos, instalaciones que gestiona), con condiciones claras, en lugar de comunicar cada vuelo individual.

3. Unificación de registros AESA-Interior

Un solo registro, una sola obligación. La duplicidad administrativa actual es indefendible.

4. Implementación real de U-Space con aprobaciones automáticas

Si España invierte en U-Space, que el sistema funcione: identificación electrónica + coordinación automática + aprobación instantánea para zonas de bajo riesgo.

5. Criterios objetivos y transparentes para denegaciones

Publicación de un catálogo claro de circunstancias que justifican denegar una operación, con procedimiento de recurso efectivo.

6. Excepción de emergencia

Permitir vuelos inmediatos para:

Verificación de alarmas

Emergencias de seguridad

Búsqueda y rescate

Prevención de delitos flagrantes

Con comunicación posterior obligatoria en 12 horas.

LA CUENTA ATRÁS: ¿CUÁNTO AGUANTARÁ EL SECTOR?

El Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021 proyectaba que en 2050 habrá un dron por cada cuatro coches de policía y uno por cada dos camiones de bomberos.

Esta visión está en peligro. No por falta de tecnología, ni de inversión, ni de talento. Sino por una regulación que, con la supuesta intención de garantizar seguridad, está estrangulando un sector entero.

La facturación del sector de seguridad privada alcanzó 6.440 millones de euros en 2024. Los drones representaban uno de los vectores de crecimiento más prometedores. Ahora, empresas están vendiendo equipos, despidiendo personal especializado, y abandonando proyectos de innovación.

CONCLUSIÓN: INNOVACIÓN VERSUS BUROCRACIA

España se enfrenta a una elección clara:

Opción A: Reformar urgentemente el RD 517/2024, eliminar cargas burocráticas absurdas, confiar en operadores profesionales certificados, e impulsar un sector con potencial de generar miles de empleos y cientos de millones en facturación.

Opción B: Mantener el statu quo, ver cómo empresas cierran o trasladan operaciones a otros países europeos con regulaciones más sensatas, y convertir una ventaja competitiva en otra oportunidad perdida.

El sector de drones en seguridad privada no pide ausencia de regulación. Pide regulación inteligente, que proteja sin paralizar, que controle sin asfixiar, que garantice seguridad sin destruir viabilidad económica.

Seis meses después del RD 517/2024, el balance es claro: la ley está matando la innovación. La pregunta es cuánto tiempo tardarán las autoridades en darse cuenta del daño que están causando.

Y si para entonces, aún quedará algo que salvar.

Jose Antonio Carbonell Buzzian, Auditor, Consultor y Asesor en Seguridad.