La Región de Murcia vuelve a vivir su particular sequía política e hidráulica. No es que no llueva —que tampoco sobra agua—, sino que cada vez llegan más nubarrones desde los despachos de Madrid. El Trasvase Tajo-Segura, pulmón del regadío del sureste, vuelve a encogerse bajo el peso de los caudales ecológicos; y, como si fuera poco, a partir de 2027 también se prevé limitar el uso de aguas subterráneas. El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, lo ha dicho sin rodeos: "si no se blinda el pozo, se acaba el riego". No es una metáfora. Es una advertencia.
El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente los caudales ecológicos fijados en el Tajo, lo que implica menos agua transferible hacia el Segura. El Ministerio de Transición Ecológica, mientras tanto, asegura que adaptará las reglas de explotación, pero sin concretar plazos. En el fondo, todos saben que cada punto más de caudal en Aranjuez o Almoguera es un hectómetro menos en la huerta murciana.
Y, por si el vaso no estaba bastante lleno, en 2027 entra en vigor la nueva normativa sobre aguas subterráneas. Los pozos —esa red de seguridad que durante décadas ha sostenido a agricultores y cooperativas— también quedarán bajo llave. El SCRATS pide un "blindaje" legal para evitar que se queden secos por decreto. La pregunta, entonces, es sencilla y brutal: ¿de dónde saldrá el agua?
Las soluciones que se barajan no son precisamente baratas. La desalación y la reutilización, que el Gobierno central presenta como alternativas "sostenibles", son técnicamente viables, sí, pero también mucho más costosas. Un metro cúbico desalada puede duplicar o triplicar el precio del agua trasvasada, y su producción depende de una energía que tampoco es precisamente gratis. El agricultor murciano, que ya compite con Marruecos, Egipto, o Turquía en los mercados europeos, se ve ante un dilema: pagar más o producir menos. Y en la agricultura intensiva, eso significa perder rentabilidad y empleo.
No se trata solo de regar tomates o limoneros; se trata de sostener un modelo económico que representa más del 20 % del PIB regional y da trabajo directo o indirecto a miles de familias. Reducir el trasvase y limitar los pozos podría tener sentido si existiera una hoja de ruta clara, con infraestructuras ya operativas y precios energéticos estables. Pero en la práctica, Murcia se asoma al borde sin red. La desalación no puede sustituir de un día para otro al Tajo ni al acuífero, y los agricultores no pueden reconvertir cultivos sin saber con qué dotación contarán. El riesgo no es solo ambiental o económico; es social. Cada hectárea que se abandona es un pueblo que se apaga, un empleo que desaparece y una generación que renuncia al campo.
La narrativa del "Levante insaciable" ya no se sostiene. La Región de Murcia ha demostrado una eficiencia hídrica puntera: riego por goteo, sensores de humedad, fertirrigación y sistemas de telemetría que convierten cada gota en producción. Sin embargo, esa eficiencia no sirve si el agua simplemente no llega. Quizá el verdadero debate ya no sea solo ecológico ni técnico, sino político y territorial: cómo equilibrar los intereses de las cuencas sin condenar a unas regiones a la desertificación económica.
A dos años vista, el panorama se resume en tres escenarios: uno restrictivo, en el que el trasvase se reduce, los pozos se limitan y el campo se encoge; otro técnico, que apuesta por mezclar desaladas, regeneradas y trasvasadas con fuerte inversión pública; y un tercero normativo, el más deseado por el SCRATS, en el que se "blinda" un uso controlado de aguas subterráneas hasta que las nuevas fuentes sean realmente viables. El problema es que el reloj avanza más rápido que los decretos.
Murcia, la huerta de Europa, corre el riesgo de convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando la política del agua se decide más por criterios ideológicos que por planificación técnica. No se puede exigir a los agricultores que produzcan alimentos sostenibles si no se les garantiza un mínimo de estabilidad hídrica y jurídica. No se trata de abrir el grifo sin control, sino de aplicar el sentido común: diversificar fuentes, invertir en tecnología y dar seguridad a quienes mantienen viva una economía que alimenta a media Europa.
Porque, como diría cualquier agricultor de la Región de Murcia, sin agua no hay futuro. Y esta vez, no parece una exageración.
José García Martinez