Antes de 2018, Pedro Sánchez reclamaba una televisión independiente en los medios, sin embargo, lo primero que hizo al llegar al poder fue purgar a periodistas y crear listas de los más incómodos.
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estos momentos bajo lupa por su presunta corrupción y sus vínculos con dictaduras como la chavista de Nicolás Maduro, algo que prácticamente es un secreto a voces, pero quienes advertimos con mucha antelación de que Sánchez es un tirano que se disfraza de cordero inofensivo no nos equivocamos, porque los hechos nos han dado la razón de manera contundente con el paso del tiempo.
Sánchez y su elenco de ministros no han dudado desde el primer día en tomarse en serio la necesidad de controlar los medios de comunicación, especialmente las televisiones españolas tanto públicas como privadas, doblegando el ejercicio periodístico y poniéndolas al servicio de los socialistas y comunistas y de aquellos que les apoyen, aunque eso cueste mucho dinero y grandes pérdidas de audiencia para distintos grupos mediáticos españoles.
Con mayor o menor astucia y perspicacia, el Ejecutivo extremista ha ido apartando a todos los periodistas que realmente incomodan a la tiranía izquierdista, a la vez que ha estado en la última década comprando voluntades con subvenciones y otros pagos, que implican vigilar constantemente las contrataciones y censura de contenidos noticiosos, además de controlar las redes sociales como se reveló que le había encargado esa función el ministro Grande-Marlaska al Coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos.
Actualmente, el Gobierno de extrema izquierda de Sánchez está llevando a término la última fase para controlar del todo a los medios de comunicación, y que conste que nadie se lo está impidiendo, porque a golpe de decretazos ha ido aprobando leyes que le permiten apoderarse de la televisión pública durante años cambiando las mayorías y el sistema de elección.
Cabe señalar que el decreto que afectó a RTVE sorteó la mayoría del PP en el Senado y contravino el reglamento europeo invocado por Moncloa para cambiar las normas de los medios y por ello debería haber comportado una sanción europea.
Además, la manera de legislar autoritaria del Ejecutivo tampoco extraña, porque es el Gobierno que ha utilizado más la vía de los decretazos para legislar desde que murió Franco.
En esta línea tiránica, conviene explicar que Sánchez lleva siete años en el poder y sólo ha comparecido una vez en un debate del Estado de la Nación, pese a que la situación es de extrema gravedad y el Gobierno se sostenga de puntillas por unas minorías hispanófobas y anticonstitucionales.
Es por ello que se huele a distancia el miedo tremendo que tienen en Moncloa a la verdad y la libertad, y por esta razón hoy más que nunca hay que recordarles a los extremistas “que sin periodismo no hay democracia”, y que por intereses personales no se puede dilapidar un régimen democrático, porque las consecuencias son devastadoras y serán peor en el futuro, porque los acontecimientos en España son horribles, y eso debe cambiar.