En un mundo cada vez más inestable, los gobiernos justifican el aumento del gasto en defensa, con la necesidad de garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, en España, mientras se pretende destinar miles de millones en reforzar el aparato militar, la sanidad pública, que es la verdadera garantía de bienestar para la población, se encuentra en un estado de crisis sin precedentes.

No se trata de negar la importancia de una defensa fuerte, pero ¿de qué sirve un ejército bien financiado si los ciudadanos enferman y mueren por falta de atención médica? La salud no puede esperar, y mientras los hospitales colapsan, las listas de espera se alargan y los médicos se jubilan sin ser reemplazados, el gobierno sigue priorizando partidas presupuestarias que, si bien necesarias, no deberían estar por encima del derecho fundamental a una sanidad digna.

La sanidad pública española, antaño un referente a nivel mundial, lleva años en decadencia. Las políticas de recortes, la sobrecarga de los profesionales y la falta de inversión han llevado al sistema sanitario a una situación límite.

Las cifras hablan por sí solas: se estima que entre 2023 y 2028 se jubilaran alrededor de 5.300 médicos cada año, sin que haya un reemplazo suficiente para cubrir esas bajas. Esto afectaría especialmente a la atención primaria y especialidades, donde más del 60% de los médicos tienen más de 50 años y casi un 32% supera los 60 años, lo cual significa que en los próximos años el déficit de profesionales será aún más grave. El resultado de esta crisis ya se siente en hospitales y centros de salud: listas de espera interminables, médicos exhaustos y pacientes que ven cómo su derecho a la salud se convierte en una lotería en la que solo los más afortunados reciben la atención que necesitan a tiempo.

El contexto internacional ha llevado a que España, al igual que otros países de la OTAN, aumenta su gasto en defensa. Sin duda, la seguridad es importante en un mundo donde los conflictos resurgen, pero hay una realidad ineludible: si estalla una guerra mundial, la tecnología actual permite que con solo pulsar un botón desaparezca casi una nación entera, o buena parte de ella. La inversión en defensa, aunque necesaria, no puede ser prioritaria frente a la crisis sanitaria que afecta a millones de ciudadanos hoy mismo, en este instante. La sanidad pública no es solo un servicio más del Estado, es la base sobre la que se sustenta el bienestar de la población. Sin un sistema sanitario eficiente, la esperanza de vida cae, la calidad de vida se deteriora y el país entero se sumerge en una espiral de enfermedad y desesperación. Si la tendencia actual continúa, en pocos años España enfrentará un escenario catastrófico: una población envejecida sin médicos suficientes para atenderla, hospitales colapsados y una sanidad privatizada que solo podrán permitirse quienes tengan dinero.

El gasto en defensa puede fortalecer al país en un hipotético futuro conflicto, pero la sanidad pública es una necesidad urgente que afecta a la vida de cada ciudadano en este mismo momento. No se trata de elegir entre seguridad y salud, sino de establecer prioridades lógicas y humanas, ya que llevamos muchos años que la sanidad pública necesita fortalecerse, en todos los sentidos, pero no se pone ningún remedio a esta situación, cada vez más deteriorada.

España necesita un plan de emergencia para recuperar su sanidad pública:

Aumento inmediato de la inversión en infraestructuras sanitarias.

Más inversión en investigación.

Reposición y contratación de médicos en atención primaria y hospitales.

Mejora de las condiciones laborales para evitar la fuga de profesionales al extranjero.

Reducción de las listas de espera con más personal y recursos.

Si no se toman medidas ahora, en pocos años el colapso será irreversible. Y cuando llegue ese momento, de nada servirá un ejército bien equipado si la población está enferma, sin atención y sin esperanza. La verdadera fortaleza de un país no se mide solo en su capacidad militar, sino en la salud y el bienestar de su gente.

Existen varios temas de suma importancia para el bienestar de la población: la sanidad pública, la educación pública, actualización de sueldos y pensiones al coste real de la vida y el problema de la vivienda, y no se ha solucionado ninguno de ellos a día de hoy, ¿a qué están esperando? todo esto pasara factura no tardando mucho.

CONCHI BASILIO