Las responsabilidades son tanto de la Generalitat Valenciana, como del Gobierno Central, cuando se trata de gestionar fenómenos meteorológicos extremos como la dana. En situaciones de emergencia climática, la acción conjunta y bien coordinada entre el Gobierno Central, los gobiernos autonómicos y las administraciones locales es fundamental, sin embargo, a menudo surgen lagunas en cuanto a competencias y coordinación y esto puede dar como resultado, demoras o insuficiencias en la respuesta, ante fenómenos tan complejos y dañinos.
A través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el Gobierno debe de garantizar que existan protocolos nacionales claros y coordinar la respuesta entre comunidades autónomas, especialmente cuando el evento meteorológico afecta a varias regiones.
Existen infraestructuras clave, como embalses y presas bajo la gestión del Gobierno Central, en caso de emergencia es cuando debe de haber una acción coordinada entre todas las partes.
Aunque también las comunidades autónomas tienen sus propios sistemas de alerta, una vez que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Gobierno Central, proporciona previsiones y avisos meteorológicos con antelación para que puedan adoptar respuestas, ya que los tiempos de reacción en este sentido son clave y cualquier retraso puede tener consecuencias muy graves, como ha ocurrido en esta situación.
La gestión de emergencias como la dana, requiere una cooperación efectiva entre todas las partes, con claridad, rapidez y coordinación, algo que en este caso, considero que ha fallado estrepitosamente, culpándose unos a otros, como niños de patio de colegio, pero es que se han perdido muchas vidas, que es lo más grave, todo por el simple hecho que no se han coordinado a tiempo, lo mismo de la Generalitat Valenciana, que del Gobierno Central y esto debería de ser estudiado y depurar responsabilidades, es algo que pide el propio pueblo.
Deberían de hacer una auditoria externa que revise la gestión y las decisiones tomadas por ambos niveles de gobierno, con el fin de identificar donde hubo fallos específicos y cómo mejorar la actuación en un futuro.
Se requieren inversiones conjuntas y continuas para reforzar las infraestructuras, especialmente en zonas de riesgo y ambas partes colaborar para asignar los fondos necesarios y garantizar que el mantenimiento se lleve a cabo.
El Gobierno Central debería de revisar los tiempos de respuesta de la AEMET y mejorar la coordinación con las autonomías para que los avisos sean más rápidos y claros. También, uno de los problemas recurrentes es que, al estar las infraestructuras en mal estado, son incapaces de soportar lluvias torrenciales, el drenaje insuficiente o mal diseñado, contribuye a las inundaciones y la falta total de limpieza de cauces y embalses, todo ello hace que el agua no encuentre una salida adecuada.
La respuesta por parte de la Generalitat Valenciana ha sido lenta y mal coordinada, todo en conjunto ha generado demasiado malestar, tampoco se pueden dar distintas versiones por parte del mismo dirigente, ante una situación tan dantesca como esta.
En muchas localidades se ha permitido construir en áreas inundables, lo que expone a la población a mayores riesgos durante fenómenos de lluvias intensas.
La falta de claridad en competencias y responsabilidades suele llevar a respuestas fragmentadas e insuficientes, en caso de que se hallen deficiencias graves en la gestión, ambas partes deberían de asumir responsabilidades, esto puede implicar la dimisión de responsables, reestructuración de departamentos o cambios en el enfoque de políticas de todo tipo.
Para reducir daños y ofrecer una respuesta eficaz, ambas partes deben colaborar en un marco de responsabilidad conjunta y acción coordinada.
En este caso la responsabilidad es compartida entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central, pero las competencias de cada uno son distintas, lo cual influye en el alcance y peso de la responsabilidad de cada entidad.
CONCHI BASILIO