El enfoque de lo que debe ser el trabajo, en pleno siglo XXI, es algo que supone una transformación respecto al siglo XX. Con la digitalización y automatización que se está produciendo en el ámbito laboral y con los asombrosos avances tecnológicos que se suceden vertiginosamente, son posibles nuevas interpretaciones de la realidad vital actual. Es realizable a nivel político el reparto o redistribución del trabajo en cada país, entre los millones de personas activas o trabajadores, con criterios que mejoren el acceso a los empleos. La precarización de los trabajos es una constante que es evidente, tanto en los países europeos como en los extracomunitarios, y responde a una falta de organización y legislación que apoye de verdad y firmemente, el derecho a una vida digna de todos los ciudadanos. La mayoría de los españoles se quejan de que sus sueldos no suben de acuerdo con el IPC y esto supone que la inflación está bajando, muy notablemente, el poder adquisitivo. Lo que debería hacer el Gobierno español es elaborar una ley, decreto o medidas que realmente obliguen a las empresas a subir los ingresos mensuales por cuenta ajena, en correlación directa con la subida de los precios. No es suficiente con subir el salario mínimo o de supervivencia.
El paro existente en España es excesivo, del orden de más de tres millones de personas y la tasa de empleo duplica el promedio de otros países de la Unión Europea. Un paro estructural de un 5% es aceptable, porque está en relación con la dinámica habitual de los cambios en los puestos laborales, pero un 13% no.
En el mercado laboral español en este segundo trimestre de este año 2024 se contabilizan 21.600.000 personas con trabajo. Es un buen dato. Lo que sucede es que también es preciso analizar la calidad de los contratos y el cumplimiento de las normas existentes y en vigor en la normativa laboral española. La cuestión de las horas extraordinarias no pagadas ha saltado a los periódicos y también el exceso de horas exigidas a muchos trabajadores, incumpliendo lo que dice la legislación laboral. También se puede hablar de la economía sumergida, con lo que la misma implica, ya que se pierden impuestos que se deberían recaudar en beneficio de todos.
En la economía digital muchos trabajos los realizan robots y cada vez más en este siglo XXI. Algunos expertos en libros ya expresan la necesidad de que los robots coticen. De esta forma, pueden contribuir a un Estado del bienestar que es lo propio de las sociedades avanzadas. El capitalismo digital y la digitalización es una realidad, que debe servir precisamente para mejorar las condiciones de vida y no para enriquecer a unos pocos a costa de la explotación en el trabajo. La sociedad del ocio es posible.
Lo es a través de una reorganización racional de las relaciones laborales. De tal manera que, con la reducción de la jornada laboral semanal se logre que las personas puedan conciliar su vida de trabajo y su tiempo de ocio, de una manera equilibrada. Existen dos opciones principales: semana de cuatro días de trabajo o de tres días. Obviamente, la más adecuada es la de tres días de actividad laboral a la semana, de lunes a miércoles. El resto de los días se podrían dedicar a viajar, a actividades creativas, etcétera. De esta forma, habría muchas más ofertas de empleo disponibles para jóvenes y adultos. Las jornadas diarias de trabajo no deberían superar las seis, siete u ocho horas. Ya Tomás Moro un gran erudito, político y humanista británico del siglo XVI propuso en su libro Utopía que, con seis horas de trabajo, era más que suficiente para atender las necesidades materiales de la población. Actualmente, con la automatización creciente de los procesos productivos esto es plenamente realizable. Sucede que con el modelo existente de capitalismo digital se pretende ganar cada vez más dinero y aumentar aún más la productividad, hasta niveles que están causando un daño terrible al planeta con la contaminación. El capitalismo consumista perjudica la vida de muchas personas, con sueldos muy bajos y beneficia a una élite muy reducida de ricos.
Se puede crear una sociedad más igualitaria, justa y solidaria, pero para lograrlo es clave la toma de decisiones, por parte de los gobiernos. El Estado social de derecho que afirma la Constitución española no son palabras vacías y es preciso que se concrete en la realidad cotidiana de todos los ciudadanos. En lo relativo al Estado de bienestar sucede lo mismo.
La jubilación voluntaria a los 60 años sería lo justo, sin duda. Ya que, aunque ha aumentado la longevidad y la esperanza de vida, son datos estadísticos reales y no garantizan nada respecto a la duración de cada vida. Al quedar libres más trabajos, los jóvenes podrán acceder al mercado laboral antes, lo que mejorará sus condiciones de vida. Lo que también debe cambiar es que las grandes empresas tengan beneficios astronómicos y encima no quieran pagar los impuestos correspondientes.