Poco o nada se habla de la esclavitud que sufren las cerca de 85.000 habilitaciones de Vigilantes de Seguridad y lo curioso de toda esta trama radica en la subcontratación y externalización de empresas privadas y Administraciones Públicas, responsables de la falta de protección de estos profesionales, sacando a concurso ofertas temerarias. Se trata de empresas pirata que obtienen beneficios millonarios, a coste de saldo.

Resulta humillante que el Gobierno se esté lavando las manos por no hacer cumplir las cláusulas sociales, pasando por alto que estas empresas pirata incumplen sus obligaciones cuando se les está pagando con dinero público.

Este colectivo percibe salarios precarios por la labor que realizan, en muchos casos dejan de cobrar sus salarios en meses, estando obligados a seguir acudiendo a sus puestos de trabajo para no ser despedidos, con jornadas maratonianas de 12 horas, interminables, bajo presión continua porque el trabajo que desempeñan les puede costar la vida. Aparte de la exposición al peligro, no disfrutan de sus familias debido a sus horarios. En cuanto a las condiciones laborales, son denigrantes, sí denigran al trabajador en infinidad de servicios, ya que están abandonados sin refugios donde ampararse de las inclemencias climatológicas, no cuentan con ninguna comodidad como puede ser un baño, son agredidos, por falta de protección jurídica, por falta de recursos materiales, técnicos y humanos y por realizar su trabajo en la más absoluta soledad, sin más compañía que la suya propia. Literalmente abandonados a su suerte.

Este gran problema va más allá de una mera cuestión de justicia social, ya que las propias administraciones públicas toleran que esto suceda. Un acto cobarde de irresponsabilidad con consecuencias dramáticas para estos profesionales de la seguridad.

Es muy sangrante que el mayor cliente de la seguridad privada sea el propio estado, incluyendo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Estas instituciones por abaratar costes, utilizan la figura del vigilante de seguridad para proteger sus instalaciones públicas. Otra lacra por la que están luchando es el intrusismo a través de la figura del auxiliar de servicio, la cual es ilegal, pero que se sigue fomentando a través de las empresas y del propio cliente, ya que el coste es infinitamente menor, demostrando la falta de escrúpulos tanto la empresa como el cliente.

Este colectivo se merece un respeto de la sociedad y para que esto pueda suceder lo primero es que jurídicamente se les proteja y que el nuevo Reglamento de Seguridad salga a la luz de una vez por todas. Por otro lado, los sindicatos deben defender los derechos de estos, pero de verdad y no como han hecho hasta ahora, que no es otra cosa que dejarlos tirados. Así llevan haciéndolo décadas, firmando convenios que solo les conviene a ellos, ya que han ido perdiendo derechos y protección cada vez que se sientan a negociar, quedando al descubierto que ni miran por ellos y que les da igual si se juegan la vida.

Quiero añadir que todo esto está pasando también por la falta de unión de este colectivo, porque estos profesionales desconocen la fuerza que tendrían todos al unísono. Si fuesen conscientes del poder que tienen la suma de todas sus voces a la vez gritando "basta ya", no perderían un minuto más en decir alto y claro que así no van a seguir. Si se plantasen y dijeran que sus derechos no van a ser pisoteados más, esto cambiaría, pero para que esto ocurra, tiene que haber unión entre todos ellos.

José Antonio Carbonell Buzzian