Murcia, 24 may (EFE).- Un jurado popular juzgará a partir del próximo miércoles en la Audiencia Provincial a un funcionario del ayuntamiento de Murcia que esta acusado de exigir 80 euros a un inmigrante marroquí, para acelerar la expedición de un certificado de empadronamiento que necesitaba para regular su situación en España.

Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, consideran que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho y pide para Diego. G.M., una multa de 240 euros y la suspensión de empleo durante 21 meses.

El ministerio Publico indica que los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2005 cuando el inmigrante marroquí se presentó en las oficinas que el ayuntamiento de Murcia tiene en la pedanía de Cabezo de Torres y solicitó un certificado de empadronamiento que la Delegación del Gobierno le exigía para regularizar su estancia en España.

El funcionario, que es técnico auxiliar de Atención al Ciudadano, le manifestó que tardaría entre 2 y 3 semanas para proporcionárselo pero que, siempre según el fiscal, si le entregaba 80 euros se lo podría dar en dos o tres días.

Finalmente el inmigrante recibió el certificado cuatro días después por mediación de la representante de la empresa que le había ofrecido trabajo y sin necesidad de abonar cantidad alguna al funcionario. EFE