Se creará un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas, para los casos en los que ya no es posible la vía judicial. La Iglesia se hará cargo de la reparación.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

El Gobierno y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia para las que ya no es posible la vía judicial porque los hechos han prescrito o sus autores han fallecido. Por el mismo, se creará un sistema mixto Iglesia Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. El Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.

El acuerdo ha sido rubricado este jueves por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio.

"Después de décadas de silencio y encubrimiento, después de encontrarse con un muro, hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos", ha destacado el ministro

En el plazo de un mes se firmará un convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio con el que se formalizarán los términos acordados.

El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tra mitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (UT) que dispondrá de los medios y recursos necesarios para su funcionamiento. Será la encargada de la recepción de solicitudes, la comunicación entre las partes o la notificación de las propuestas.

Si no hay conformidad, decide el Defensor del Pueblo

Esta unidad trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que hará una revisión individualizada de cada petición tras la que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica atendiendo a lo solicitado por la víctima.

La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo. Si hubiera disconformidad de alguna de las partes con la propuesta, se convocará una Comisión Mixta, siempre con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si continuara la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

Un año, prorrogable otro más, para solicitar la reparación

Las víctimas tendrán un año, prorrogable otro más, para la presentación de las solicitudes de reparación. Este plazo empezará a computar desde la firma del convenio. Además, el Ministerio promoverá las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a las víctimas.

El acuerdo alcanzado establece que la Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, el instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Reconocimiento a las asociaciones de víctimas

El ministro ha agradecido a las asociaciones de víctimas, y a las propias víctimas, su lucha incansable durante dé cadas por alcanzar una reparación justa.

En abril de 2024, el Gobierno aprobó el Plan para la implementación del Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. Desde entonces se ha trabajado y negociado con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víc timas que ya no pueden acudir a la vía judicial. Con este acuerdo se cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y con el compromiso de reconocimiento y reparación del Gobierno con las víctimas.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia