Dos investigadores de la UOC profundizan en las motivaciones de personas propietarias de viviendas turísticas para entender si estarían dispuestas a ofrecerlas como alquiler social
Una parte de los propietarios de viviendas turísticas estarían dispuestos a ofrecerlas como viviendas protegidas si les continuaran dando ingresos
Una de cada cuatro personas en España considera que la vivienda es uno de los problemas principales del país, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El porcentaje de población preocupada por el acceso a una vivienda en condiciones dignas no ha hecho más que aumentar en los últimos años, de la mano de la subida continuada de los precios del alquiler y de la venta y las dificultades para encontrar una vivienda asequible. En los últimos meses, parte de la población se ha manifestado para reclamar soluciones, y desde la administración y los partidos políticos se han propuesto diferentes salidas para esta crisis.
Entre las causas del problema, uno de los grandes señalados es el incremento del alquiler turístico de la mano de plataformas como Airbnb, que han operado en los últimos años en un contexto de escasa regulación. En su último estudio, publicado en abierto en la revista Cities, el catedrático de los Estudios de Economía y Empresa Francesc González Reverté y el investigador Pablo Díaz Luque, del grupo Nuevas perspectivas en turismo y ocio (NOUTUR), adscrito a la unidad de investigación sobre management y gobernanza, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), parten de esta relación tensa entre turismo y vivienda para ir más allá y estudiar las posibles soluciones al problema. Y, tras analizar las motivaciones de las personas arrendadoras de viviendas turísticas, señalan que una parte podría estar dispuesta a compartir su propiedad bajo alguna fórmula de alquiler social.
La crisis de la vivienda en España
El problema del acceso a la vivienda no es responsabilidad exclusiva del turismo, sino que tiene causas estructurales. "Es el resultado de dejar el acceso a la vivienda, casi en exclusiva, en manos del sector privado, de la ausencia de políticas sólidas de vivienda social y de la falta de suelo para uso residencial en áreas urbanas con demanda creciente", explica Francesc González. "En ciudades turísticas con un mercado de la vivienda tensionado, el alquiler temporal turístico ejerce una presión extra que termina por generar el aumento de los precios de alquiler, el incremento general del precio de la vivienda y, en los casos más graves, el desplazamiento residencial de personas que son apartadas del mercado de compraventa y de alquiler".
Durante décadas, las políticas en materia inmobiliaria en España han favorecido la propiedad por encima del alquiler y han limitado la oferta de vivienda protegida. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), menos de un 20 % del parque inmobiliario del país está en alquiler y apenas un 2,7 % es alquiler social. Esta última cifra contrasta con la media de la Unión Europea y la OECD (cercana al 8 %) y, sobre todo, con la de algunos países con políticas sólidas de vivienda protegida, como los Países Bajos, Austria o Dinamarca, donde el alquiler social supera el 20 % del parque de vivienda.
El resultado es que alrededor del 24 % de la población está en riesgo de exclusión en materia de vivienda en España y 4,6 millones de personas viven en hogares con condiciones inadecuadas, según el observatorio Housing Rights Watch. En este contexto, la entrada en escena de las plataformas de alquiler turístico temporal desde principios de los 2000 no ha hecho más que incrementar la tensión. "En situaciones donde el acceso a la vivienda se ve prácticamente restringido a la oferta del sector privado, cualquier actor extra que emerja y compita por la vivienda en el mercado, como las plataformas de alquiler turístico, lo tensiona más y deriva en situaciones de desigualdad social que requieren políticas específicas para reducirlas, tanto desde el punto de vista del turismo como del urbanismo", añade Pablo Díaz Luque.