La investigación se inició a principios de noviembre cuando la agencia norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA) alertó de que una organización criminal podría llevar a cabo el trasvase de una gran cantidad de cocaína entre dos buques en alta mar. El buque sospechoso, de bandera panameña, había sido sancionado con anterioridad por las autoridades de Panamá por cometer infracciones graves y se le había revocado su licencia de pesca.

El pesquero también había estado vigilado por agentes de la Policía Nacional en el Puerto de Vigo, ya que sus actividades se enmarcaban como sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico.

Con toda la información disponible se inició un operativo, bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el apoyo de la Armada Española, para tratar de localizar el pesquero que fue ubicado en aguas atlánticas, a 500 millas al oeste de las Islas Canarias.

Con el apoyo del buque Atalaya de la Armada Española, el pasado 12 de noviembre, agentes del GEO  junto a uno de los investigadores llevaron a cabo el abordaje de la embarcación sospechosa y arrestaron a los 15 integrantes de la tripulación y se intervinieron cien fardos de cocaína con un peso aproximado de 4.000 kilogramos.