La creación de estos equipamientos, en todas las provincias de España, está contemplada en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Un total de seis comunidades han puesto en marcha al menos un centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. Financiados por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, estos recursos de competencia autonómica deben estar en funcionamiento cuando finalice 2024.
El Ministerio de Igualdad lleva desde 2022 manteniendo reuniones técnicas periódicas con las comunidades autónomas, en las que pone a su disposición el asesoramiento y apoyo necesarios para la puesta en marcha de estos recursos.
Así, Cantabria ya dispone de un centro en Santander, desde octubre de 2023. Por su parte, el País Vasco cuenta con uno en Bilbao desde diciembre del año pasado y uno en Vitoria que abrió el pasado mes de abril. Murcia abrió un centro en la capital en diciembre de 2023. Navarra cuenta con un centro en Pamplona desde abril. Ese mismo mes abrieron los de Melilla y Albacete (Castilla-La Mancha).
Además, a lo largo del próximo verano, está previsto que abra sus puertas un centro en Madrid; otro en San Sebastián (País Vasco); Teruel y Huesca, en Aragón; Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Alicante y Valencia en la Comunitat Valenciana y cinco centros en Galicia (dos centros en A Coruña, uno en Lugo, otro Ourense y en Pontevedra).
Está previsto que a lo largo del cuarto trimestre abran sus puertas los centros en las provincias restantes: Castilla-La Mancha (Cuenca y Ciudad Real); Aragón (Zaragoza); Comunitat Valenciana (Castellón); La Rioja (Logroño); nueve centros, uno en cada capital de provincia de Castilla y León; Extremadura (Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia); las cuatro capitales de provincia de Cataluña; las ocho capitales de provincia de Andalucía; Baleares (Mallorca y Menorca); Asturias (Oviedo); Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria) y Ceuta.
La creación de estos equipamientos está contemplada en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Los recoge como servicios públicos interdisciplinares de atención permanente, que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, sus familiares, y personas del entorno. Así, brindan atención psicológica, jurídica y social e incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año.