El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a empresas españolas con actividad en Israel en la que les insta a adoptar las actuaciones necesarias para evitar que sus actividades contribuyan a las vulneraciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Foto: Moncloa)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador, ha comenzado el envío de diversas cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas y actuaciones que sean necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030, de cara a evitar el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.
Por un lado, Bustinduy ha emplazado a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados por las mismas para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, incluyendo las consultas a expertos y expertas en derechos humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas.
Por otra parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también ha instado a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados.
Asimismo, el titular de la cartera de Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a las empresas que informen al Ministerio sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino.
La carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza. La orden de la Corte se sumaba a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que han puesto de manifiesto que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos suponen una grave vulneración del Derecho Internacional.
Entre estas resoluciones, cabe destacar la Resolución A/HRC/RES/31/36 que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos principios determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor. En el caso de empresas que operan en territorio israelí, estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados.
Esta doctrina internacional, de hecho, quedó recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017, y en las obligaciones vinculantes contempladas en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que tiene ser traspuesta en el plazo máximo de dos años a la legislación española.
La mencionada Directiva incide en la necesidad garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los derechos humanos, en línea con la regulación europea en esta materia y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. De la misma forma, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 insta a los Estados a promover en todas sus actuaciones el estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como a impulsar el respeto de los derechos humanos como condición sine qua non para la construcción de paz y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
La petición de información de este Ministerio a las empresas españolas que operan en Israel también responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, mostró recientemente durante su reunión con el ministro Pablo Bustinduy sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso. Asimismo, se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU.
En este sentido, cabe recordar, que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, invitó personalmente a Palestina para acudir juntos el próximo mes de junio al Foro Político de la ONU para la Agenda 2030.