La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que el servicio cumple todas las garantías sin necesidad de desplazarse hasta el órgano judicial, "lo que supone un importante ahorro de tiempo y gastos de desplazamiento"
El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha puesto en marcha, este 27 de febrero, el acceso al Expediente Judicial Electrónico (EJE) para la ciudadanía y las empresas, cuando estos estén involucrados en procedimiento judicial.
Llop ha asegurado que este servicio forma parte de "un nuevo modelo de funcionamiento de la Justicia, más transparente y cercano a la ciudadanía, ya que democratiza el acceso electrónico a la información judicial que se establece en la legislación procesal".
Este servicio, puesto a disposición de los usuarios a través de la plataforma Acceda, permite el acceso controlado y seguro a los expedientes judiciales electrónicos de los que son parte y tienen acreditado interés legítimo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica, 1/1985 del Poder Judicial, Reglamento 1/2005, del Consejo General del Poder Judicial, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y en las leyes procesales.
Acceda ya permite atender estas demandas en territorio Ministerio (comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla- León, Murcia, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) y en todos los órganos judiciales de La Rioja y el Principado de Asturias. Además, los órganos judiciales se encargan de revisar y responder a las solicitudes, por lo que mantienen el control total de la documentación judicial.
La titular de Justicia ha señalado que esta nueva solución "cumple todas las garantías sin necesidad de desplazarse hasta el órgano judicial, lo que supone un importante ahorro de tiempo y gastos de desplazamiento".
Plataforma para los profesionales de la Justicia
En este sentido, desde que se puso en marcha el servicio Acceda para los profesionales de la Justicia -desde diciembre 2020 hasta febrero 2023-, se han descargado más de 228.890 expedientes, con un ahorro estimado de más de 27 millones de euros y se ha evitado la emisión a la atmósfera de 2.000 toneladas de CO₂, el equivalente a la circulación de 1.526 coches en un año.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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