Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito
La investigación comenzó en septiembre de 2022 cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas del sector de la construcción de invernaderos de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Tras varias pesquisas los agentes comprobaron que había diferentes empresarios responsables de un entramado societario, que mediante la sucesión opaca de empresas, en las que se trasladaba la actividad de unas a otras con el ánimo de seguir trabajando a bajo precio, conservaban su negocio de construcción de invernaderos, sin abonar los seguros sociales de los trabajadores, ni los propios.
Uso de testaferros y multitud de sociedades
Este entramado empresarial tenía en común la utilización de trabajadores de las propias empresas como testaferros así como la utilización de multitud de sociedades. Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros.
Los responsables de este entramado empresarial habían copado el mercado de la construcción de invernaderos, a través de un modus operandi definido.
Utilizaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Al no abonar los seguros sociales de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras empresas que sí cumplían sus obligaciones. De esta forma se generó un importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficios y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos.
Tras un complejo entramado de sociedades y de testaferros se dificultaba la labor de los investigadores para la identificación de los responsables de las actuaciones ilícitas. Finalmente, como resultado de la investigación han sido detenidas once personas como presuntos responsables de 23 delitos contra la seguridad social así como de otros 22 delitos de frustración de la ejecución.