Ante la próxima publicación del informe del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal, la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España reclaman una reforma fiscal enfocada en reducir la pobreza infantil, apoyar la crianza alcanzando al menos los niveles de los países de nuestro entorno, y garantizar la equidad intergeneracional y la sostenibilidad futura de los ingresos y el gasto público.
Las tres organizaciones de infancia presentaron en diciembre el informe Por una prestación para la crianza. Escenarios para una deducción fiscal reembolsable en España, una propuesta que enviaron al mencionado Comité, designado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este Comité entregará su informe previsiblemente a finales de febrero.
La propuesta de las organizaciones plantea una reforma urgente del actual sistema de prestaciones y deducciones fiscales a la infancia y las familias, estableciendo una ayuda universal a la crianza en España basada en una deducción fiscal reembolsable, planteando diferentes escenarios, su impacto en los ingresos de las familias, en la reducción de la pobreza y su coste estimado.
Los impuestos también son cosa de niños y niñas, y la reforma fiscal es una oportunidad para reducir la pobreza infantil y para apoyar la crianza, señalan desde la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España. Un tema, el apoyo a la crianza, que las organizaciones consideran urgente, ya que el 27,4% de los niños y niñas en España están en situación de pobreza, frente al 17,9% de los países UE-15.
Aunque se han producido avances, como la aprobación de complementos por hijo o hija menor de edad a cargo a familias perceptoras del IMV o de ingresos bajos, los niveles de apoyo público están muy lejos de cubrir el coste de la crianza en nuestro país. Criar a un hijo en España cuesta al menos 500 euros al mes, por lo que muchas familias en situación de vulnerabilidad que no pueden afrontar ese gasto y, por tanto, no pueden garantizar un nivel básico de bienestar a sus hijos e hijas.
España es uno de los pocos países de la Unión Europea sin prestación para la crianza de carácter universal. La prestación por hijo a cargo dirigida a niños y niñas en hogares de bajos ingresos, en extinción tras la aprobación del IMV, adolecía de dos grandes limitaciones: su cobertura (solo llega a familias con pobreza severa), y su bajo importe (341 euros anuales), mientras que la cuantía media de prestaciones en la UE-15 es de 1.375 euros anuales, es decir, cuatro veces más.
Pero además, nuestro sistema fiscal es muy inequitativo: las desgravaciones fiscales, que no benefician o lo hacen en menor medida a las familias con menos ingresos, tienen un peso elevado (estimado en un 60%, el mayor de toda la UE) en el conjunto de ayudas monetarias a las familias. Por ello, la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España proponen una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pueda beneficiar también a las familias más vulnerables económicamente.
En esta línea se ha pronunciado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la publicación a principios de febrero de su informe Libro Blanco para un nuevo marco nacional de apoyo y protección a las familias en España, que destaca la necesidad de abordar cambios en el sistema fiscal para garantizar que las deducciones lleguen a las familias que no hacen la declaración de la renta.
Invertir en infancia es una de las mejores maneras de garantizar la justicia social, ahora y en el futuro. Una ayuda universal a la crianza da seguridad a todas las familias con niños y niñas y reconoce su esfuerzo en la crianza, impide que los hogares más vulnerables se queden fuera de este tipo de beneficios, contribuye a mejorar la progresividad fiscal y, en términos generales, contribuye a la sostenibilidad social, económica y demográfica de toda nuestra sociedad a medio y largo plazo.
El proceso iniciado por el Gobierno para mejorar la eficiencia del sistema fiscal supone una ocasión inmejorable para incluir en esa reforma una propuesta para apoyar la crianza que aspire a la universalidad, señalan las organizaciones de infancia. De esta forma nos igualaríamos con el resto de Europa, donde ya se utilizan este tipo de beneficios fiscales para luchar contra la pobreza infantil, a través de una redistribución de la renta hacia todos los hogares con niños y niñas y, especialmente, los hogares en situación de pobreza.