La reforma de la Ley de Costas de 2013 dejó el litoral desprotegido ante el cambio climático y las ilegalidades, dejando sin efecto cientos de sentencias firmes 

Esta modificación elimina la posibilidad de prorrogar más allá de los 75 años el permiso de algunas construcciones, como ocurrió con ENCE en 2016

Greenpeace se ha sumado al proceso de participación pública abierto a principios de diciembre por el Ministerio para la Transición Ecológica para presentar alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas. La organización considera que esta modificación es necesaria, ya que, tal y como denunció, la reforma de 2013 de la Ley de Costas suponía un “desprecio” ante las consecuencias del cambio climático y la subida del nivel del mar en el litoral, además de grandes recortes a la protección de la costa.

La Ley de Costas fue modificada en 2013 y, según denunció la organización ecologista en su día, supuso una amnistía generalizada a muchas de las ilegalidades cometidas en el litoral y un retroceso en la salvaguarda del medio marino al anteponer los intereses urbanísticos a los ambientales. Ahora, con esta modificación del Reglamento, se elimina la posibilidad de prorrogar más allá de los 75 años el permiso de algunas construcciones, como ocurrió con la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra en 2016 [2].

“Desde Greenpeace celebramos esta iniciativa ya que supone dejar de dar carta blanca a las barbaridades cometidas en la costa tras la amnistía generalizada dada por Arias Cañete a unos cuantos empresarios”, ha señalado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. “Numerosas sentencias de los tribunales durante estos años han dado la razón a las protestas ecologistas que se opusieron a la ley que este nuevo reglamento modifica”.

Por otro lado, esta modificación tiene en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 233/2015, del 5 de noviembre, sobre la Ley 2/2013 y que destaca la conexión entre la naturaleza y el dominio público marítimo terrestre. Algo obvio, pero que no estaba contemplado en el Reglamento de Costas y que, según se pronunció el Constitucional, “no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la ‘utilización racional’ de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida”.

“La modificación del Reglamento intenta incidir en los criterios de defensa prioritaria de los intereses ambientales frente a otros intereses, por muy legítimos que sean. La costa no es un suelo urbanizable sino un conjunto de ecosistemas que nos defienden de temporales y albergan una altísima biodiversidad”, concluye Marcos.

NOTAS

[1] Greenpeace protesta en el Congreso de los Diputados para denunciar que el PP privatizará la costa española h

[2] Greenpeace y la APDR reiteran la necesidad de que se declare definitivamente nula la prórroga de ENCE