El Consejo de Políticas del Juego, órgano de participación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas (CCAA), ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión Sectorial para coordinar los registros de personas autoprohibidas de las actividades del juego y apuestas.

El acuerdo permite suscribir convenios específicos entre el Ministerio de Consumo -competente en juego online y loterías- y las CCAA -competentes en juego presencial- para establecer mayores niveles de protección a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.

Cuando una persona detecta algún problema derivado del juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que bloquea su acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas prohíben la entrada a portales online donde se puede apostar o participar en juegos de azar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos negativos del juego compulsivo o por sentencia judicial.

A día de hoy, existe un registro de carácter estatal, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), y cada comunidad autónoma posee uno propio. El RGIAJ depende del Ministerio de Consumo y ha alcanzado los 60.000 inscritos, 3.700 más que al inicio de este año. En la actualidad, este programa estatal imposibilita el acceso al juego online, mientras que, si una persona se inscribe en el de su comunidad, ve restringida su entrada a los establecimientos físicos de juego que requieran una identificación previa, regulados por las CCAA.

Con el acuerdo alcanzado hoy, cada comunidad autónoma puede optar por integrar su base de datos con el registro estatal o bien interconectar sus registros con el del Ministerio de Consumo, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

Con este avance, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero tampoco a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro autonómico no podrá acceder a un establecimiento de juego en su comunidad, pero tampoco podrá hacerlo en otra distinta a la suya.

El objetivo del acuerdo alcanzado hoy entre el Ministerio de Consumo y las CCAA supone que los efectos de la inscripción en uno de los registros se extiendan a todos los demás, como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.

Durante su intervención en la reunión del Consejo de Políticas del Juego, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha saludado que los poderes públicos "hayamos apartado diferencias y ofrezcamos una herramienta útil, eficaz, de confianza y de protección global" a las personas afectadas por los trastornos del juego y a sus familias. "Se trata de poner a las personas que más lo necesitan por delante de la burocracia, siempre desde el máximo respeto de los diferentes ámbitos competenciales", ha añadido.

El ministro ha pedido "poner todos los esfuerzos para la interconexión de los registros sea completa, accesible y eficaz en todo el país, para juego presencial u online, con la mera inscripción en cualquier registro".

Por último, Garzón ha anunciado que el Ministerio de Consumo sigue avanzando en los compromisos de la legislatura y someterá, a partir de mañana, a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguro de juego.