El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha contestado a un diputado de la CUP en relación a la desjudicialización del conflicto catalán, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha contestado, en la sesión de control en el Congreso, al diputado de la CUP, Albert Botrán, que, "donde usted solo ve conflicto, yo veo Estado de Derecho. Donde usted ve represión, yo veo Estado de Derecho. Donde usted solo ve procés, yo veo muchos catalanes con ganas de pasar página y preocuparse únicamente por la campaña de la vacunación".

En este sentido, el ministro de Justicia ha señalado la importancia del diálogo constructivo dentro del marco constitucional y ha recordado a Botrán que una de las funciones de los diputados en el Parlamento es la de contribuir en los procesos legislativos: "Ayer se aprobaron dos leyes muy importantes y no contaron ni con su presencia", ha señalado Campo. Se trata de la Ley sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la reforma del Registro Civil.

La Ley sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad fue aprobada ayer en la Comisión de Justicia por amplia mayoría, con 31 votos a favor, ningún voto en contra y 5 abstenciones. La futura norma tiene pendiente ahora su paso por el Senado.

Con esta reforma se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, y el respeto a su voluntad, deseos y preferencias. Con ese fin, se establece un sistema de apoyos, adaptado a cada persona con discapacidad y que incluye medidas voluntarias, entre las que destacan poderes y mandatos preventivos y la autocuratela; judiciales, como la curatela y el defensor judicial; y la guarda de hecho, que es una medida de apoyo informal.

En cuanto a la reforma del Registro Civil, también fue aprobada ayer en la Comisión, con 31 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. Esta reforma va a permitir contar con un Registro Civil moderno, ágil, informatizado y presente en todo el territorio del país.

La nueva norma garantizará la plena accesibilidad territorial al servicio y la continuidad de los puestos de trabajo. También introduce, entre otras novedades, la agilización de los procedimientos de cambios de apellidos y de identidad en los supuestos de violencia machista.