El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a quien ha pedido colaboración para enriquecer el programa #Justicia2030 y el texto normativo en el que trabaja Justicia para la eficiencia procesal y tecnológica.
Ambos se han comprometido a impulsar la Justicia como elemento dinamizador de la economía y han pedido a los distintos actores "altura de miras" para avanzar en la reconstrucción del país.
Campo ha explicado que, gracias a los mecanismos de diálogo y cogobernanza establecidos en el seno de la Administración de Justicia al comienzo de la crisis, ha sido posible colaborar y consensuar medidas de actuación conjunta. "Trabajando juntos nos va mejor", ha subrayado.
Durante el encuentro, el ministro ha enumerado los instrumentos desplegados por su departamento para la recuperación de la Justicia, que van a permitir avanzar hacia un nuevo modelo de servicio público más sostenible. Entre ellos, el Real Decreto 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 y el Plan de Choque para el refuerzo de órganos judiciales, aprobado recientemente por el Gobierno para aliviar la litigiosidad en los juzgados de lo mercantil y social a partir de septiembre. Campo se ha referido también a la futura reforma procesal para regular los medios adecuados de solución de controversias y de eficiencia procesal y tecnológica, que el Ministerio pretende elevar al Consejo de Ministros próximamente.
En relación a este último instrumento normativo, el ministro ha explicado que este modelo de Justicia más sostenible y cercano a la ciudadanía contempla la articulación de los mecanismos de mediación y arbitraje, que impulsan la resolución de conflictos por la vía del entendimiento. Sobre la mesa han estado, además, otros proyectos con los que se ha comprometido su departamento en esta legislatura, como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Derecho de Defensa.
El presidente de la CEOE ha trasladado al ministro distintas cuestiones relativas a la seguridad jurídica en el contexto postcovid y al ámbito concursal que preocupan especialmente al sector empresarial. Campo le ha explicado que el texto refundido de la Ley Concursal que entrará en vigor en septiembre será la base para futuras reformas legislativas en las que ya se está trabajando. El objetivo es facilitar que las empresas y los particulares puedan recuperarse de las deudas, recurriendo en última instancia a la figura de la "siguiente o nueva oportunidad" para salvar o reconvertir el proyecto empresarial.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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