Castilla y León, 10 de julio de 2020.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) quiere manifestar su sorpresa e inquietud ante la publicación del Real Decreto 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
Según se recoge en la norma, si no hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones oficiales Técnico en Cuidados de Enfermería, Ayuda a Domicilio o Asistencia Personal-, "podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, incluyendo aquellas prestadoras de cuidados en el ámbito familiar…".
Si realmente lo que se busca con este Real Decreto es garantizar la protección de usuarios y profesionales, con esta medida, que demuestra una alarmante falta de responsabilidad por parte de los gestores políticos y sanitarios de la comunidad, se va a conseguir todo lo contrario, pues permitir que personas sin titulación ni formación adecuada puedan atender las necesidades asistenciales de los usuarios de las residencias, pone en riesgo su salud y su bienestar, pues, tal y como llevamos años demostrando, somos los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en estos centros.
"La publicación de este decreto es insultante para uno de los colectivos sanitarios donde mayores tasas de paro existen, por lo que desde SAE hemos puesto en marcha varias acciones para que retiren este decreto. Llevamos años luchando para que en los centros residenciales de titularidad privada contraten a profesionales con la titulación requerida para atender a los residentes con todas las garantías y ahora tenemos que empezar a luchar para que esto también ocurra en las residencias públicas, lo que supone un paso hacia atrás en la atención sociosanitaria y un agravio hacia nuestro colectivo", explican los responsables de SAE en Castilla y León.