La moción presentada por el grupo popular ha salido adelante en el Pleno del mes de marzo celebrado esta mañana

El nuevo pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont señala que Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros con presencia de los mozos en la frontera, pudiendo desarrollar un modelo propio y una política integral de inmigración

Fulgencio Gil Jódar, alcalde: "Ahora más que nunca es necesario un Plan Nacional de Inmigración donde todas las Comunidades Autónomas participen de forma responsable, en igualdad de condiciones y con los recursos y financiación necesarios para garantizar el bienestar y la protección de las personas migrantes"

"Rechazamos la delegación a Cataluña de las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración debido a su notoria inconstitucionalidad y al quebrantamiento de las reglas de igualdad y sometimiento al imperio de la Ley que ha de regir en todo país libre y democrático".

Así de tajante se ha mostrado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, en sus declaraciones realizadas esta misma mañana en relación al acuerdo recientemente pactado entre PSOE y Junts, en lo que supone "un nuevo ataque a la soberanía del pueblo español, permitiendo a la Generalidad, entre otros aspectos, decidir las expulsiones de extranjeros y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La propia ministra de Seguridad Social y Migraciones se refirió a este acuerdo como una "delegación de competencias" y, la ministra Portavoz lo explicaba basándose en una interpretación sesgada y de conveniencia del artículo 150.2 de la Constitución donde se dice que "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

"El presidente y sus ministros obvian que existe una Sentencia del Tribunal Constitucional que tira por tierra su pueril e interesado argumento porque, precisamente la expresión "susceptible de transferencia o delegación" que recoge este precepto es lo que califica el acuerdo alcanzado como inconstitucional", ha apuntado el Primer edil.

"El Tribunal Constitucional (TC) fue muy claro acerca de este extremo en su sentencia del 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto catalán que recogía entre los artículos recurridos en su día precisamente uno referido a la inmigración", ha añadido Gil Jódar. En su sentencia, el alto Tribunal dictaminó que es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado por el artículo 149.1.2 CE y que cualquier enunciado que pretenda atribuir a una Comunidad Autónoma competencias en dicha materia es absolutamente inconstitucional pues, las Comunidades Autónomas solamente tienen competencias en dicha materia en cuanto a primera acogida de las personas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación y, el establecimiento y la regulación de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigradas y para su participación social.

Por el contrario, el nuevo pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont señala que "Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros, que los Mozos de Escuadra estarán en la frontera, de modo que Cataluña podrá desarrollar un modelo propio y una política integral de inmigración, aspectos estos absolutamente contrarios a la Constitución española que a todos nos rige por igual y cuyos efectos parece el Gobierno querer exceptuar a los catalanes", ha manifestado el alcalde.

Fulgencio Gil ha señalado que "en ninguna cabeza cabe que un Estado ceda la competencia de control de sus fronteras y de inmigración, lo que supone un nuevo ataque a la integridad territorial de la nación española que este acuerdo representa. La reciente decisión del Gobierno acerca del reparto territorial de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) evidencia la insolidaria y errónea política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando a personas vulnerables como mercancía para contentar al prófugo Puigdemont".

Un acuerdo ante el cual el Gobierno regional ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad; "anuncio al cual nos adherimos, instando al Gobierno regional a que rompa cualquier colaboración en esta materia con el Gobierno central".

En palabras de Gil Jódar "ahora más que nunca es necesario un Plan Nacional de Inmigración donde todas las Comunidades Autónomas participen de forma responsable, en igualdad de condiciones y con los recursos y financiación necesarios para garantizar el bienestar y la protección de las personas migrantes".

La Región de Murcia, y en concreto Lorca, cuenta con una presión migratoria similar a la de Cataluña. "Somos un ejemplo de integración y de prestación de servicios públicos y de oportunidades para la población inmigrante, no es de recibo que se rompan las reglas de la solidaridad y de la igualdad interterritorial para contentar a los socios parlamentarios del Gobierno", ha concluido.

Dentro de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria de este mes de marzo, además, destaca la exigencia del Ayuntamiento de Lorca al Gobierno de la Nación de la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en el término municipal y la repatriación de todos los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus familias, comunicando este acuerdo a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.