La concejala de esta formación, Gloria Martín, dijo que se mantienen firmes en su lucha porque la Ley debe ser de obligado cumplimiento para todos, también para las Administraciones. Y, con ella en la mano, los expedientes de estos vecinos deben ser cerrados
Los concejales de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa y Gloria Martín, han acordado hoy con el Consejero de Fomento del Gobierno regional, Patricio Valverde, la celebración de una reunión técnica con juristas de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Lorca y de Izquierda Unida el próximo 11 de abril. La finalidad de dicha reunión, a la que también asistirán el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y Gloria Martín en calidad de edil de IU y representante de la Plataforma de afectados por la devolución de ayudas de los terremotos de 2011 en Lorca, tiene por objeto clarificar la validez de un trámite de audiencia enviado a los afectados en 2015, cuyas alegaciones no fueron tenidas en cuenta por la Comisión Mixta hasta finales de 2017, y que para la CARM interrumpe el cómputo de la prescripción del derecho de la Administración a reclamar la devolución de las ayudas.
Para Martín, este es el último fleco que queda pendiente para dar solución a los afectados que no han podido acogerse a la Ley 8/2018 que flexibiliza las medidas de justificación de las ayudas. "Nos mantenemos firmes porque creemos que la Ley debe ser de obligado cumplimiento para todos, también para las Administraciones. Y con ella en la mano, estamos convencidos de que los expedientes de estos vecinos deben ser cerrados", dijo la edil de IU.
Más de medio centenar de afectados se han reunido esta mañana a modo de protesta en la puerta del Huerto Ruano donde el Gobierno regional ha celebrado un consejo extraordinario. "Todo lo que estamos consiguiendo es gracias a la presión ciudadana, a vecinos que se han unido para hacer frente a esta situación terriblemente injusta", dijo Martín. Los afectados volverán a hacer acopio de paciencia y buena voluntad y esperarán a ver lo que sucede el día 11. Si la CARM sigue "sin dar su brazo a torcer" y pretende hacerles pagar por un procedimiento administrativo que ha sido "caótico y extemporáneo", han decidido volver a encerrarse en el Ayuntamiento esa misma tarde, advirtió Martín.
ha solicitado a Fulgencio Gil (PP) que haga valer su condición de Alcalde para que convoque un pleno extraordinario al efecto de resolver los problemas que se están generando para la aplicación de los criterios de prescripción en el caso de la devolución de ayudas de los terremotos de 2011.
Martín ha apelado a la sensibilidad de Gil consciente de que Izquierda Unida no tiene el número de concejales suficientes para hacer efectiva dicha convocatoria de Pleno.
La edil de IU-V ha explicado que el Pleno serviría para solicitar a la Asesoría jurídica del Ayuntamiento su criterio sobre la caducidad de un trámite de audiencia enviado a los afectados en 2015 y que para la CARM interrumpe el cómputo de la prescripción.
Martín explicó que dichos trámites de audiencia no eran parte del procedimiento formal de exigencia del reintegro, por lo que no interrumpen dicha prescripción, tal y como avala la Jurispridencia.
Pero es que además, las alegaciones planteadas por los afectados en el año 2015 a dichos trámites de audiencia no fueron tenidas en consideración por la Comisión Mixta hasta finales del año 2017. "La Administración tiene unos plazos para culminar los procedimientos iniciados de oficio -12 meses- y si no los cumple, están caducados, son inexistentes y, por tanto, están privados de efectos", dijo. A lo que añadió que "los afectados no tienen ninguna culpa de que la Comisión Mixta tardara dos años en reunirse para atender sus alegaciones".
De celebrarse dicho Pleno extraordinario, la intención de IU también es que la Corporación vuelva a solicitar al Gobierno de España la condonación de los intereses de demora de la parte estatal de la ayuda. "El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que continúa gobernando por decreto, aún puede hacerlo, es sólo cuestión de voluntad política". En ese sentido, Martín pidió amparo al nuevo Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, de quien dijo tener "un alto concepto", para que traslade a Moncloa este ruego de los damnificados.
En el Pleno también se pediría al órgano correspondiente la exención del pago de los recargos impuestos por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a los afectados a los que ha sido remitida providencia de apremio para el reintegro de las ayudas.
Gloria Martín ha recordado que la Administración tributaria ha dictado providencia de apremio sobre liquidaciones impugnadas en la vía administrativa, y respecto de la cual se solicitó la suspensión de la ejecución como medida cautelar por existir perjuicios de imposible o difícil reparación para los damnificados. Sin embargo, sin que la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia haya resuelto sobre los recursos de reposición y las solicitudes de suspensión planteadas, ha dado orden a Hacienda para que ésta proceda al cobro de las ayudas por vía ejecutiva. Para Martín, esto conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviene la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad.
Y, en cualquier caso, Martín exigió que la devolución de las ayudas en los casos que no puedan justificarse y que no hayan prescrito "no se convierta en una condena para los afectados, con la aplicación de intereses y recargos que incrementan hasta en un 40% la cantidad inicialmente concedida". "La Administración no puede hacer caja con la tragedia que sufrieron los lorquinos porque ellas mismas no explicaran con la claridad suficiente las obligaciones que contraían los beneficiarios al aceptar las subvenciones", explicó. "Hay afectados que no pueden hacer frente a esta sangría que compromete más de la mitad de su salario o pensión. Algunos incluso han sacado el dinero de la hucha que tenían preparada para pagar la universidad de sus hijos", concluyó.