Mateos afirma que este código es necesario para que el Ayuntamiento de Lorca mejore en calidad democrática, en sus relaciones con los ciudadanos y empleados públicos, y así profundizar en la democracia participativa y la aplicación de las nuevas tecnologías.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista Diego José Mateos, lamenta que el Ayuntamiento de Lorca todavía no se haya adherido al Código de buen gobierno aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias en 2015, tal y como si han hecho otros municipios de la Región como Murcia, Cartagena.

El edil socialista explica que se trata de un "código de conducta, que va a servir para mejorar la calidad democrática de nuestro Consistorio, con medidas relativas al respeto a los empleados públicos, el uso de redes sociales y nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos, el respeto a las incompatibilidades o la democracia participativa";

Mateos hace hincapié en que este documento es poner "negro sobre blanco" a palabras y compromisos, muchas veces carentes de contenido, que vienen realizando el Alcalde suplente y su equipo de gobierno sobre transparencia y buen gobierno. Según este código - añade - "se deben adoptar medidas para vigilar los conflictos de intereses en el desempeño de las responsabilidades públicas, no aceptando regalos que sobrepasen la cuantía de 150 euros o no otorgando privilegios en beneficio propio o su entorno en contra del interés general".

En este sentido, según el portavoz socialista "se incluyen otra serie de medidas relativas a la imparcialidad de los cargos públicos, publicidad y transparencia en la gestión municipal, la inclusión social de colectivos más desfavorecidos, respuesta inmediata a las demandas y dudas de los ciudadanos o potenciación de los canales de comunicación". Así mismo, la adhesión supone implantar instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizare a las empresas un trato igualitario y no discriminatorio, la mejora de la democracia participativa adoptando medidas tales como la existencia de una carta de derechos y deberes de los ciudadanos, la utilización efectiva de encuestas, buzones de quejas y otros canales de participación, implementación de la codecisión para ciertas iniciativas y la puesta en marcha de los presupuestos participativos, entre otras cuestiones.

Por ello, subraya Mateos, "se trata de adherirnos a una serie de medidas que deberían ser ya implementadas en nuestro ayuntamiento y que entendemos que sería muy conveniente para dotarnos de un marco en el que representantes políticos, empleados públicos y ciudadanía sepan cuáles son nuestros deberes y derechos, cuáles son los cauces de participación y de qué formas podemos contribuir a lograr un Ayuntamiento más cercano, más ágil, más eficiente y más democrático".