Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a la política local, han sido hoy protagonistas de una iniciativa hecha pública esta mañana por la concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca y a su vez responsable regional de IU-V en materia de Política Social, Adoración Peñas.
La concejala lorquina registrará esta semana una Queja a la Defensoría del Pueblo de España para exigir la recuperación de las pagas extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la tercera edad en nuestra Región. Adoración Peñas recuerda que esta iniciativa, que parte de su formación en Lorca, ha sido desestimada por el PP en nuestro Ayuntamiento, aunque si se ha estimado en otros municipios como Totana, Águilas, Alhama de Murcia o Moratalla. Toda vez que allí donde gobierna el PP con mayoría absoluta es imposible sacar adelante esta propuesta, la concejala de IU-V ha optado por dar un paso más y elevar el asunto a este Alto Comisionado para la defensa de los derechos fundamentales.
Adoración Peñas recuerda que con el inicio de la crisis económica, el Gobierno Regional, desde su lógica política e ideológica, adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la misma entre las que destacó, por su importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM. Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas. Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina su aportación mensual como "precio público" a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.
Como sabemos, recuerda Peñas, los funcionarios afectados por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este ingreso, y nosotros pretendemos que la recuperación de derechos que por fin ha llegó a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores (públicas o concertadas).
Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 dispone que: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…". Cabe recordar que este "robo continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
A partir de entonces, recuerda Adoración Peñas, se estableció un "agravio comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.
Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario.
La concejal de IU-V, ante el agravio social y territorial expuesto y la negativa de los gobiernos del PP a repararlo, espera que la Defensora del Pueblo de España admita a trámite esta queja y, tras realizar la oportuna investigación, inste mediante Resolución al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales a través de un precio público por plaza de residente, y, además que esa recuperación de derechos tenga efectos retroactivos y se devuelva a los mayores residentes lo que nunca se les debió quitar.