La concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar el retraso en las obras de reconstrucción de las viviendas del Barrio de San Fernando. Un retraso que está conllevando la vulneración de dos derechos esenciales, el primero de ellos es el propio derecho a la vivienda. Tras más de cinco años desde los terremotos de 2011 es inconcebible que más de doscientas familias sigan fuera de sus casas. De otro lado, el impago a los trabajadores de la empresa subcontratada para la reconstrucción supone la vulneración del más elemental derecho laboral que es el de cobrar por el trabajo realizado.

Adoración Peñas afirma que esas dos vulneraciones de los derechos traen causa de la falta de tutela pública en la reconstrucción del parque de viviendas de Lorca, una tutela que precisamente se hacía más necesaria en barrios como el de San Fernando, debido a la complejidad para poner de acuerdo a tantas familias y a la propia tipología socioeconómica de los residentes.

La implicación de las administraciones públicas: Ayuntamiento y Comunidad Autónoma en la resolución del conflicto laboral y en imprimir un mayor ritmo de reconstrucción del barrio es, además de lo anterior, una exigencia derivada de la existencia de nada menos que 79 viviendas de ese barrio que son de propiedad pública (20 de la CARM y 59 del Ayuntamiento de Lorca). Cabe recordar que no todos los vecinos de la barriada han estado de acuerdo con el proyecto de reconstrucción que finalmente se está ejecutando y que muchos de ellos fueron objeto de la expropiación forzosa de sus cuotas de suelo.

Adoración Peñas exige al Ayuntamiento que deje de mirar para otro lado y tome cartas en el asunto en todos los extremos que conciernen a estas obras y que deben solventarse. Así, ha exigido que el Ayuntamiento medie para la resolución del conflicto laboral, ya que es insostenible que más de veinte trabajadores de la construcción estén tres meses sin cobrar. Eso no lo aguanta ninguna familia. Además, con la solución del conflicto laboral se acelerarían las obras de reconstrucción de esta popular barriada lorquina. De otro lado también pide al Ayuntamiento que exija a las administraciones públicas (Ministerio de Fomento y Comunidad Autónoma) que cumplan completamente con sus compromisos hacia este barrio. Cabe recordar, afirma la edil de IU-V, que de los cinco millones de euros prometidos por el Ministerio de Fomento, hasta la fecha apenas se ha aportado un tercio de ese montante. De otro lado, la CARM se comprometió con 2,6 millones de euros para la obras de urbanización del barrio y hasta la fecha esa es también otra promesa incumplida, ya que las obras no se han licitado.

Por último la concejal de IU-V ha mostrado su preocupación por el destino final que se va a dar a las viviendas públicas una vez reconstruidas y espera que ese destino sea gestionado con criterios sociales y de manera clara y transparente.