El Alcalde Francisco Jódar ha mostrado su satisfacción porque “se ha acordado la mejor solución para que continúen en marcha las ayudas ya aprobadas y paralelamente se complementen con otras propuestas a través un proyecto de ley por vía de urgencia”

El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha mostrado su satisfacción porque “el Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado esta mañana la mejor solución para que continúen en marcha las ayudas ya aprobadas y, paralelamente, se complementen a través un proyecto de ley con las propuestas planteadas por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y los grupos parlamentarios”.

Concretamente, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana, con 332 votos a favor y 1 abstención, la convalidación del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca.

A petición del Grupo Popular y de Izquierda Unida, se votó su tramitación como Proyecto de Ley por vía de urgencia, con un resultado de 331 votos a favor y 2 abstenciones, con lo cual el texto iniciará su tramitación parlamentaria.

Por este motivo, el Alcalde ha agradecido especialmente a la Diputada Nacional del Partido Popular Pilar Barreiro y al Diputado Nacional del PSOE Javier Mármol que hayan alcanzado un acuerdo con el fin de que se puedan mejorar las acciones previstas, con medidas como activar ayudas al comercio, medidas fiscales, …”.

La diputada del PP Pilar Barreiro, afirmó que su grupo trabajará para sacar adelante “todas las enmiendas que tiendan a garantizar las ayudas, la rapidez y la agilidad” que requiere la situación, además de otras tantas que ayuden “a evitar las situaciones de picaresca que desgraciadamente se dan en estos casos”.

Según señaló Barreiro en su intervención, “el alcance del drama no se puede reflejar en el Decreto, pero no porque no haya intención de hacerlo, sino simplemente porque el alcance es tan grande que, a pesar de la urgencia, era imposible atenderlo”.

Así, advirtió que “debido a la rapidez y la urgencia con la que ha tenido que hacerse, en el Decreto hay ausencias como concreciones respecto a las medidas, calificar las valoraciones de las viviendas, ajustar la cantidad de las indemnizaciones en muchas materias y también establecer una serie de medidas fiscales de largo plazo”.

Barrerio consideró necesario que Lorca sepa “que desde el Congreso estamos todas las fuerzas políticas dispuestas a tramitar una ley que ampare la situación dramática de los lorquinos”.

El municipio de Lorca  sufrió las consecuencias del suceso sísmico más importante acaecido en España en los últimos años, un terremoto de magnitud 5,1 grados en la escala Ritcher, precedido de un movimiento sísmico de 4,5 grados.

El epicentro se localizó en la sierra de Tercia, en el propio municipio de Lorca, y muy cerca de la superficie, de ahí que los numerosos daños materiales y personales causados se localicen en un radio de entre 5 y 10 kilómetros al noroeste del casco urbano de la localidad.

La intensidad del fenómeno ha producido numerosas consecuencias catastróficas, entre las que cabe destacar de manera especial el fallecimiento de nueve personas. Asimismo, más de dos centenares de personas resultaron heridas y a ellas hay que añadir los miles de vecinos y vecinas que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas. También se registraron daños en edificios e infraestructuras de titularidad municipal, en bienes del patrimonio cultural y en numerosas viviendas.

La magnitud de la catástrofe exige, a partir del principio constitucional de solidaridad, una acción inmediata de los poderes públicos que lleve a cabo, en primer lugar, la adopción de diversas medidas paliativas y reparadoras que contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en la zona; en segundo lugar, la definición de los procedimientos de coordinación y de los mecanismos de colaboración entre los órganos de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las administraciones locales afectadas, que permitan garantizar la pronta ejecución de dichas medidas, y, por último la determinación de la financiación de los gastos que tales actuaciones deriven.

La gravedad de los daños materiales producidos, especialmente en las viviendas de la zona, así como la posible incidencia sobre la actividad económica, hacen necesaria la aprobación de normas excepcionales en relación con estos bienes y con el alojamiento provisional de los damnificados.