El panorama de la inmigración en España atraviesa un momento histórico y de extrema urgencia. Una nueva disposición del Reglamento de Extranjería, aplicable a los procedimientos iniciados hasta el 30 de junio, está revolucionando el acceso al empleo: ahora, los inmigrantes en proceso de regularización pueden empezar a trabajar legalmente tan solo 15 días después de que se haya admitido a trámite su solicitud.
Históricamente, los extranjeros se enfrentaban a una “parálisis burocrática” y se veían obligados a esperar la resolución definitiva del Gobierno, que podía tardar entre tres y seis meses, para poder firmar un contrato formal. Con el cambio actual, el protocolo de admisión (el documento que acredita que la solicitud ha sido aceptada para su tramitación) ya sirve como autorización provisional de trabajo tras un breve plazo de dos semanas.
Esta flexibilización forma parte de una iniciativa del Gobierno español para integrar rápidamente a unos 300.000 nuevos trabajadores al año en la economía formal, con el fin de paliar la escasez de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción y la tecnología. Sin embargo, la ventaja de la aceleración máxima para las contrataciones actuales está vinculada al calendario de aplicación del nuevo Real Decreto 1155/2024.
Para Camila Bruckschen, directora general de CB Asesoría, con sede en Barcelona, es el momento de actuar con estrategia. “Nos encontramos ante un cambio de paradigma. La gran barrera para el inmigrante siempre ha sido el ‘tiempo de espera’. Poder trabajar en 15 días aporta dignidad y seguridad económica inmediata. Pero atención: esta agilidad en la admisión es un respiro adicional que el Gobierno ha concedido a quienes presenten sus solicitudes en esta fase de transición, que tiene como fecha límite el 30 de junio”, explica Camila.
La reforma del reglamento tiene como objetivo reducir la economía sumergida y aumentar la recaudación de la Seguridad Social. Según datos recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, se estima que hasta 900.000 personas podrían regularizarse en los próximos tres años.
Con las normas más ágiles, también ha aumentado el rigor documental. Cualquier error en la presentación del expediente puede invalidar la admisión y, en consecuencia, el permiso de trabajo en 15 días. “El error más común es que el inmigrante piense que, por ser “más rápido”, es “más fácil”. Es todo lo contrario. El Gobierno está siendo más ágil en el análisis porque espera que los expedientes estén perfectos. Si el expediente no se admite a primera vista por falta de la documentación correcta, se pierde el derecho a trabajar en 15 días”, advierte la directora de CB Asesoría.