Una nueva medida del Gobierno español pretende convertir a los trabajadores informales en contribuyentes formales y podría cambiar el panorama migratorio del país en los próximos meses

España ha puesto en marcha uno de los mayores procesos de regularización migratoria de las últimas décadas en Europa. La nueva medida del Gobierno prevé la concesión de permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular, lo que abre una oportunidad sin precedentes para los extranjeros que ya residen en el país.

La fase considerada más decisiva del proceso tendrá lugar entre abril y junio de 2026, periodo en el que los inmigrantes deberán presentar documentación que acredite su permanencia en territorio español y la ausencia de antecedentes penales.

El número de inmigrantes indocumentados en España podría ser superior al permitido por la normativa. Esa es la estimación de Funcas, un centro de análisis vinculado a la asociación bancaria CECA, que indica que el número de extranjeros en esa situación alcanzaría los 840 000 a principios de 2025.

De ese total, 760.000 proceden de América, siendo Colombia el país de origen con el mayor número de inmigrantes en esta situación (alrededor de 290.000), seguido de Perú (casi 110.000) y Honduras (alrededor de 90.000 personas).

A diferencia del endurecimiento de las políticas migratorias observado en otros países europeos, la política adoptada por España apuesta por la integración y la regularización de la mano de obra extranjera. El nuevo decreto permite que las personas que acrediten su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 soliciten un permiso extraordinario de residencia y trabajo.

Según la abogada especializada en inmigración Camila Bruckschen, directora general de CB Asesoría, el proceso supone un cambio estructural en el modelo migratorio del país, pero exige prestar atención a los detalles técnicos.

“No se trata solo de rellenar un formulario. El Gobierno español pretende convertir a los trabajadores que hoy en día se encuentran en la economía informal en contribuyentes formales del sistema de la Seguridad Social. Quienes puedan acreditar su permanencia en el país y presenten la documentación adecuada tendrán acceso a un permiso de trabajo válido para diferentes sectores”, explica.

Según la experta, muchos solicitantes pueden perder la oportunidad por falta de organización documental o por desconocimiento de los requisitos legales. “La oportunidad es real, pero también es limitada. El mayor error es esperar a que se abra oficialmente el plazo de solicitud para empezar a reunir los documentos. Las certificaciones internacionales, los justificantes de residencia y los registros municipales pueden tardar semanas o meses en obtenerse”, advierte.

La experta en derecho migratorio destacan tres aspectos fundamentales del nuevo decreto:

Justificante de residencia: además del empadronamiento tradicional, es decir, el registro municipal que acredita la residencia, el Gobierno ha empezado a admitir otros tipos de documentos que ayuden a acreditar la presencia en el país, como contratos, recibos o registros administrativos.

Certificados de antecedentes penales: los documentos expedidos en el país de origen deben estar legalizados y traducidos, lo que suele ser uno de los principales escollos del proceso.

Situación de los solicitantes de asilo: los inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes o denegadas podrán, en algunos casos, cambiar su situación migratoria a la nueva modalidad de residencia.

Para Camila Bruckschen, el impacto de la regularización va más allá del ámbito jurídico y debería reflejarse directamente en el mercado laboral español. “La economía española se enfrenta a una escasez de mano de obra en diversos sectores. Al regularizar a los trabajadores que ya viven en el país, el Gobierno reduce la economía sumergida, aumenta la recaudación fiscal y ofrece seguridad jurídica tanto a los profesionales como a las empresas”, afirma.